El Consejo de Estado de Francia ha desestimado la solicitud de Marine Le Pen, líder de la ultraderecha, para suspender la aplicación inmediata de su inhabilitación política, vinculada a una condena por supuesta malversación de fondos durante su periodo en el Parlamento Europeo.
Aunque la sentencia aún no es definitiva, un juzgado parisino dictaminó en marzo que se aplicase de inmediato la sanción de cinco años de inhabilitación, lo que efectivamente impide las ambiciones de Le Pen de competir en las próximas elecciones presidenciales de 2027.
Le Pen había criticado en su apelación al ex primer ministro François Bayrou por no anular ciertos aspectos del código electoral que permiten la ejecución directa de la inhabilitación, argumentando que esto vulnera los derechos de los candidatos y los electores.
No obstante, el Consejo de Estado rechazó su recurso, argumentando que la petición de Le Pen no apuntaba tanto a derogar las normas existentes como a cambiar la ley, algo que “excede de las competencias del primer ministro”, de acuerdo con una declaración del tribunal.
Así, Le Pen espera el juicio que se iniciará en enero en el Tribunal de Apelación de París, donde intentará anular la sentencia que la condena a cuatro años de prisión, dos de ellos efectivos, y cinco años de inhabilitación por los “contratos ficticios” de asesores parlamentarios.