La Asamblea Nacional de Corea del Sur ha dado “luz verde” a un proyecto legislativo que contempla la creación de órganos judiciales especializados para juzgar delitos de insurrección, traición y rebelión vinculados con la frustrada proclamación de la ley marcial atribuida al expresidente Yoon Suk Yeol.
La iniciativa salió adelante este martes con 175 votos favorables, dos en contra y dos abstenciones, y contempla la puesta en marcha de al menos dos tribunales específicos en el seno de la corte del distrito central de Seúl y del Tribunal Superior de la capital.
Los consejos de ambas instancias judiciales en Seúl deberán fijar las pautas para la designación y composición de los paneles de jueces que integrarán estos nuevos tribunales, que asumirán desde este martes los procedimientos vinculados a la ley marcial. No obstante, el proceso por insurrección contra Yoon continuará en el mismo órgano judicial en el que se inició.
Los parlamentarios del opositor Partido del Poder Popular (PPP) —la misma formación con la que Yoon se presentó a las elecciones de 2022— han rechazado la reforma y acusan al Partido Demócrata de Corea de intentar colocar a jueces afines y hacerse con el control del poder judicial.
En un intento de bloquear la votación, el líder del PPP, Jang Dong Hyeok, pronunció en el pleno de la Asamblea Nacional un largo discurso de obstrucción parlamentaria, una maniobra de “filibusterismo”, según ha recogido la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
El consejo especial de investigación, encabezado por el fiscal especial Cho Eun Suk, concluyó a mediados de diciembre que Yoon decretó la ley marcial en diciembre de 2024 con el objetivo de perpetuarse en el poder y que comenzó a preparar el plan hasta un año antes.
Yoon defendió la imposición de la ley marcial alegando la necesidad de “proteger el orden constitucional” y combatir a las “fuerzas antiestatales”, aunque, de acuerdo con las conclusiones de la investigación, su propósito real habría sido hacerse con el control de los poderes Legislativo y Judicial “mediante la fuerza militar” y “eliminar a los oponentes políticos por la fuerza”, así como “monopolizar y mantenerse en el poder”.
El exmandatario surcoreano fue destituido de su cargo en abril. En la misma causa han sido procesadas hasta 24 personas de su entorno más próximo, entre ellas el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, el exjefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa Yeo In Hyung, el ex primer ministro Han Duck Soo y el exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional Cho Tae Yong, entre otros altos cargos.