Una corte de apelaciones federal en Estados Unidos ha confirmado la medida implementada por la administración de Donald Trump para dar por finalizado el estatus legal temporal de cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, rechazando así una apelación interpuesta por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ha invalidado una decisión anterior de la jueza de distrito Indira Talwani, quien había desafiado la competencia de la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de anular la ‘libertad condicional’ migratoria. Esta medida permitía que aproximadamente 430.000 extranjeros residieran temporalmente en el país, una política que se había expandido durante la administración de Joe Biden.
La jueza Talwani había argumentado que Noem se excedió en sus poderes, pero el panel de tres jueces del circuito —todos nombrados por presidentes demócratas— determinó que los demandantes no probaron que la secretaria careciera de autoridad legal según la Ley de Inmigración y Nacionalidad para eliminar esos permisos de manera general.
El juez Gustavo Gelpí admitió que cancelar esta disposición migratoria pone a los afectados en una posición complicada, obligándolos a elegir entre volver a países con alta inseguridad o quedarse en Estados Unidos de manera ilegal, enfrentando posibles detenciones y deportaciones. Sin embargo, enfatizó que esta situación no anula la autoridad legal de la secretaria para tomar tal decisión.
Además, el tribunal desestimó la alegación de Talwani de que la medida de Noem se tomó de manera ‘arbitraria y caprichosa’. ‘No estamos de acuerdo. Determinamos que los demandantes no han presentado pruebas firmes sobre que puedan tener éxito a la hora de demostrar que la acción de la secretaria fuera arbitraria y caprichosa, ya que dio una explicación razonada’, señaló el tribunal.
‘Por las citadas razones, damos carpetazo a la orden del tribunal de distrito y remitimos el caso para que se realicen más procedimientos de conformidad con esta opinión. Así se ordena’, concluye el documento del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston.
El programa migratorio, extendido en 2023 por la Administración Biden, ofrecía permisos temporales de hasta dos años para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que llegaran por vía aérea, tras superar controles de seguridad y contar con un patrocinador económico en Estados Unidos. Entre octubre de 2022 y enero de 2025, más de medio millón de personas obtuvieron permisos de trabajo a través de esta ruta. Sin embargo, el Gobierno de Trump decidió en marzo cesar el programa, impactando directamente a cerca de 430.000 beneficiarios.
Desde el Justice Action Center, la abogada Esther Sung describió el fallo judicial como ‘devastador’, aunque subrayó que todavía existen oportunidades para revertirlo a medida que el proceso legal avanza hacia una resolución definitiva.
Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el Departamento de Justicia han hecho declaraciones tras la decisión. Este último, no obstante, había argumentado anteriormente que mantener la decisión de Talwani era contrario a un bloqueo previo dictado por el Tribunal Supremo y solicitó al Primer Circuito que rechazara lo que consideraba una ‘impugnación abierta’ a esa decisión.