Un juzgado en Estados Unidos ha detenido la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 60.000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, evitando así que la administración de Donald Trump los expulse a sus naciones de origen por ahora, a pesar de la intensificación de las políticas de inmigración.
Aunque Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, había declarado anteriormente que las situaciones en los países de origen de estos migrantes ya no ameritaban dicho estatus al ser deportados, el tribunal californiano ha impedido la anulación de esta disposición días antes de su implementación.
Para los migrantes nepalíes, se esperaba que el TPS, que cubre a cerca de 7.000 personas, terminara el 5 de agosto, mientras que para los hondureños, beneficiando a 51.000 individuos y permitiéndoles trabajar en el país durante 25 años, concluía el 8 de septiembre. En Nicaragua, afectaba a 3.000 ciudadanos y también finalizaba en la misma fecha.
«Mi equipo de Gobierno acompañará de forma total, constante y firme, la defensa de sus derechos, reconociendo al mismo tiempo los esfuerzos de sus organizaciones y su extraordinaria, sensible e incansable lucha», declaró Xiomara Castro, presidenta de Honduras, añadiendo que la medida se ha extendido hasta noviembre.
Sin embargo, la administración Trump sigue empeñada en eliminar estas protecciones, con el objetivo de agilizar las deportaciones. Hasta ahora, unos 350.000 venezolanos y 500.000 haitianos han perdido sus TPS, impactando también a ciudadanos de Afganistán y Camerún.