Un juzgado en Georgia ha inmovilizado las cuentas bancarias de siete organizaciones no gubernamentales, acusadas por la Fiscalía de financiar las protestas del año pasado frente al Parlamento, en oposición al gobierno de Irakli Kobajidze.
Las organizaciones, entre ellas la Fundación Sociedad Civil, Sociedad Internacional para Elecciones Justas y Democracia (ISFED) y Guardianes de la Democracia, enfrentan investigaciones por cargos como intento de sabotaje y colaboración con entidades extranjeras en actividades hostiles.
«Los líderes de las organizaciones mencionadas instaron abiertamente a la desobediencia y la resistencia, mientras que sus actividades organizativas y financieras se centraron exclusivamente en brindar protección financiera a personas involucradas en actos violentos y a sus familiares», señala un comunicado de la Fiscalía.
Según el Ministerio Público de Georgia, las ONG acusadas «pagaron multas a los infractores» y suministraron equipos de protección a los manifestantes, como «máscaras de gas, cascos, gafas protectoras o gas pimienta».
«El objetivo de las medidas adoptadas por las ONG fue, por un lado, alentar a las personas involucradas a cometer actos ilegales y, por otro, proteger a quienes participan en dichos actos. En última instancia, estas acciones tuvieron como objetivo debilitar a las fuerzas del orden y perturbar su normal funcionamiento», concluyó el Ministerio.
La acción legal sigue a una investigación que la Oficina Anticorrupción de Georgia lanzó contra estas ONG bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), al haber recibido aportaciones de donantes internacionales sin el registro adecuado.
Cientos de manifestantes salieron a las calles el pasado año para protestar contra la decisión de Kobajidze de posponer la adhesión a la Unión Europea hasta 2028, protestas que contaron con el apoyo de la ex presidenta Salomé Zurabishvili, quien se destacó como una líder de la oposición contra el gobierno del partido Sueño Georgiano.