Una corte en Italia ha instado el miércoles a la Cámara de Diputados a iniciar procedimientos judiciales contra Matteo Piantedosi, ministro del Interior, Carlo Nordio, ministro de Justicia, y Alfredo Mantovano, secretario de Estado, relacionados con la deportación de un libio implicado en graves delitos según el Tribunal Penal Internacional (TPI).
Según un detallado informe de 90 páginas, se ha establecido un orden cronológico de los eventos, concluyendo que estos funcionarios colaboraron ‘consciente y voluntariamente’ con Osama al Masri, jefe de la Policía judicial de Libia, para eludir la orden de captura emitida por el TPI.
Tanto Piantedosi como Nordio han sido acusados de complicidad agravada y, junto con Mantovano, de malversación agravada. Además, Nordio enfrenta cargos por incumplimiento de deberes oficiales.
Devis Dori, presidente de la comisión de Autorizaciones de la Cámara, ha indicado que la votación final se realizará en octubre. Los implicados tendrán la oportunidad de defenderse durante el proceso, según informes del canal Rai.
Este proceso judicial sigue a la absolución de la primera ministra, Giorgia Meloni, quien posteriormente cuestionó en redes sociales que se juzgara a sus ministros y no a ella, argumentando que ‘el Gobierno actúa cohesionadamente’ bajo su liderazgo y que ‘cada decisión, especialmente las tan importantes, es consensuada’.
Osama al Masri, miembro de la milicia Fuerza de Disuasión (Rada), fue arrestado en Turín durante un partido de fútbol entre Juventus y Milán. Se le acusa ante el TPI de crímenes de guerra y contra la humanidad, incluyendo asesinatos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, cometidos en Libia desde febrero de 2015.
Los crímenes alegados ocurrieron en la prisión de Mitiga, en Trípoli, contra reclusos detenidos por razones religiosas, inmoralidad y homosexualidad, o por supuesto apoyo a otros grupos armados.
El TPI ha solicitado explicaciones a Italia y ha recordado la obligación establecida en el Estatuto de Roma de ‘cooperar plenamente en sus investigaciones y enjuiciamientos por crímenes’, lo que implicaría consultar cualquier contratiempo o decisión relevante con el tribunal.