La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha emitido este miércoles órdenes de captura contra los congresistas Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, representante de las curules de víctimas, tras su implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos parlamentarios fueron reelegidos en las recientes elecciones, pero ahora deberán responder ante la justicia.
Además, el Alto Tribunal ha llamado a juicio a otros cuatro congresistas salientes: Julián Peinado, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz (ex Alianza Verde), en el marco de la misma investigación.
Trama de corrupción en contratos de desastres
La investigación revela que el Gobierno del presidente Gustavo Petro habría comprado votos de congresistas con dineros públicos destinados a la atención de desastres, a cambio de la aprobación de reformas y solicitudes de crédito del Ejecutivo.
Manrique y Manzur formaban parte de la Comisión de Crédito Público del Congreso, encargada de autorizar el endeudamiento estatal. La justicia los acusa de direccionar proyectos millonarios de la UNGRD hacia sus municipios y contratistas, garantizando así votos positivos para los créditos aprobados.
Testimonios clave revelan manipulación de contratos
Según declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, Manrique se reunió en varias ocasiones con él y otros funcionarios en 2023 para revisar tres contratos que sumaban 92.000 millones de pesos, supuestamente destinados a Cotorra (Córdoba), El Salado (Carmen de Bolívar) y Saravena (Arauca).
López aseguró ante la Corte que la congresista llevaba una libreta donde anotaba los contratos necesarios para asegurar los votos de la comisión de crédito, supuestamente tras un acuerdo con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
El contrato de Saravena, por más de 32.000 millones de pesos, estaba oficialmente destinado a obras de prevención de inundaciones, pero según la Fiscalía, parte de los recursos habrían sido desviados para financiar a la guerrilla del ELN, presente en la región.
Investigación y capturas adicionales
La investigación ha derivado en la captura de otros funcionarios y legisladores relacionados con la UNGRD, incluidos:
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Exministros de Hacienda y del Interior: Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
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Consejera presidencial para las regiones: Sandra Ortiz
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Director y subdirector de la UNGRD: Olmedo López y Sneyder Pinilla
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Expresidentes del Congreso: Iván Name y Andrés Calle
Por su parte, el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia, Carlos Ramón González, artífice del plan delictivo según la Fiscalía, se encuentra prófugo en Nicaragua.