El Tribunal Supremo de Filipinas ha resuelto que la petición para enjuiciar políticamente a la vicepresidenta Sara Duterte es inconstitucional, debido a que no cumple con los periodos definidos en la Constitución, postergando cualquier acción similar hasta febrero del próximo año.
Según el tribunal, la acusación no respetaba la normativa constitucional que estipula que solo se puede iniciar un juicio político contra un mismo funcionario una vez por año. En los últimos doce meses, Sara Duterte ha sido objeto de cuatro intentos de juicio político: tres propuestos por colectivos civiles, adversarios políticos y sectores religiosos, y un cuarto proveniente de la cámara baja, todos imputándole cargos de corrupción, malversación de fondos públicos y complicidad en un intento de magnicidio.
Duterte, hija del anterior presidente Rodrigo Duterte, ha rechazado las acusaciones afirmando que son el resultado de una persecución política por sus notables desacuerdos con su anterior aliado, el presidente Ferdinand Marcos Jr., a quien acusa de haberla «estafado» durante la propuesta para acompañarlo en las elecciones de 2022.
Además, Duterte ha amenazado de muerte al presidente tras denunciar su propia implicación en un supuesto plan para asesinarla, incluyendo la contratación de un asesino.
El Supremo advierte que su fallo «no absuelve a Duterte de ninguno de los cargos», pero decreta que cualquier futuro procedimiento para su destitución «solo podrá ser presentado, de conformidad con esta decisión, a partir del 6 de febrero de 2026», tal como se menciona en la sentencia disponible en el sitio web del tribunal.