Con las elecciones presidenciales previstas para el 25 de octubre, el gobierno de Costa de Marfil ha decretado la prohibición de todas las marchas y manifestaciones. Esta medida busca preservar el orden antes de que Alassane Ouattara, el actual presidente, compita por un controvertido cuarto mandato.
Recientemente, Ouattara lideró una sesión del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) para evaluar la seguridad nacional, que se describe como en ‘mejora continua’. Durante esta reunión, se aprobaron medidas restrictivas sobre reuniones y manifestaciones que cuestionen las decisiones del Tribunal Constitucional.
Se ha anunciado el despliegue de 44.000 agentes de seguridad para los próximos comicios, y el CNS ha criticado duramente las actitudes y declaraciones consideradas xenófobas y subversivas por parte de ciertos políticos, especialmente tras la exclusión de varios opositores importantes de la lista definitiva de candidatos por parte del Constitucional. “El CNS, que condena firmemente estas palabras y comportamientos, que van contra el espíritu de la paz y la responsabilidad que debe prevalecer especialmente en este periodo electoral, recuerda que (…) los fallos del Constitucional no son suceptibles de recurso”. “Toda impugnación a las decisiones del Constitucional, sea de la naturaleza que sea, es ilegal”, se afirmó en un comunicado oficial.
Esta decisión llega como respuesta a una protesta planeada por partidos opositores en Abiyán, que ha sido cancelada por las autoridades locales debido al alto riesgo de disturbios. Mientras tanto, Ouattara ha expresado su deseo de que las elecciones se desarrollen en un ambiente de paz, a pesar de las críticas por su reelección que, según él, es legítima basada en la reforma constitucional de 2016 que reiniciaría el conteo de términos presidenciales.