La Cámara de Casación en Argentina ha decidido que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión y actualmente bajo arresto domiciliario, continúe con limitaciones en las visitas que puede recibir y manteniendo la tobillera electrónica que monitoriza sus movimientos. Esto sigue al intento de su defensa por suavizar dichas restricciones.
Detalles del Fallo Judicial
‘Lo que debe procurarse es que el delito cometido, y sus gravísimas consecuencias, no pase desapercibido para la comunidad (…). En suma, lo expuesto implica, en definitiva, la necesidad de ejecutar debidamente las penas impuestas en aquellos casos en los que se ha comprobado la comisión de hechos de corrupción que perturban a la sociedad toda’, comentó uno de los jueces responsables del veredicto.
El fallo se adoptó con la oposición de dos magistrados a eliminar las restricciones y el apoyo de uno. Así, la exmandataria debe seguir con la tobillera y solicitar permiso judicial para recibir visitas que no sean de su círculo íntimo, como familiares o abogados, similar a la reciente visita de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
‘Cualquier flexibilización indebida del régimen de cumplimiento, o la omisión de condiciones básicas de control en la modalidad domiciliaria, podría debilitar la expresión pública de la condena, especialmente en casos que involucran hechos de alto impacto institucional’, declaró el fallo judicial.
Por otro lado, el juez Mariano Borinsky, quien se mostró a favor de levantar estas medidas, afirmó que ‘nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas’ y sugirió que mantener las restricciones reduciría las libertades de Kirchner más que en una prisión.
Cristina Fernández de Kirchner, quien negó los cargos y denunció ser víctima de persecución política, fue sentenciada por adjudicar contratos de obras en carreteras a un asociado y supuesto testaferro durante su gestión. Recientemente, se ha informado que los involucrados en este caso de corrupción deben devolver al Estado argentino 684.990 millones de pesos (aproximadamente 265 millones de euros) en diez días por daños causados.