El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha expresado su consternación por la reciente aprobación de una ley de amnistía en Perú, dirigida a policías, militares y grupos de autodefensa implicados en violaciones a los Derechos Humanos durante el periodo de conflicto interno. La ley ha sido calificada de una afrenta a las víctimas.
Es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad, expresó Turk, poco después de que la presidenta Dina Boluarte ratificara la ley, la cual también ha sido objeto de crítica por parte de otros organismos de Derechos Humanos.
Para Turk, esta legislación representa un paso atrás en la búsqueda de justicia y reconciliación en Perú y ha urgido a las autoridades a revocarla inmediatamente. En caso contrario, numerosas personas podrían acogerse a esta amnistía, que según la ONU, contraviene las leyes vigentes en el país.
El Congreso peruano dio luz verde al proyecto a comienzos de julio. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Perú abstenerse de implementar la ley hasta evaluar si es compatible con directivas previas relacionadas con la investigación de los abusos durante el conflicto armado (1980-2000).
A pesar de esto, Boluarte procedió con la ley. ¡Con esta amnistía histórica Perú honra a sus defensores y rechaza con firmeza cualquier intromisión externa!, indicó un comunicado de la Presidencia.
La Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación informa que, entre 1980 y 2000, cerca de 70,000 personas perdieron la vida y más de 20,000 fueron reportadas como desaparecidas. Los tribunales en Perú han resuelto definitivamente cerca de 150 casos, mientras que más de 600 continúan en proceso.