El Gobierno de Cuba ha desmentido este domingo las acusaciones formuladas por la Administración de Donald Trump sobre un supuesto respaldo o financiación a organizaciones terroristas, así como la presencia en la isla de bases militares de otros países. Washington ha utilizado estos argumentos para presionar a las autoridades cubanas con el fin de alcanzar un acuerdo y, el pasado viernes, concretó esa presión al amenazar con imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a La Habana.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo cubano ha respondido a estas imputaciones y ha reiterado que su actuación se ajusta a los compromisos internacionales contra el terrorismo y los delitos financieros, rechazando que su territorio sirva de plataforma para actividades ilícitas o violentas.
“Cuba declara categóricamente que no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas. Nuestro país mantiene una política de tolerancia cero frente a la financiación del terrorismo y el lavado de dinero, y está comprometido con la prevención, detección y enfrentamiento de actividades financieras ilícitas, en consonancia con los estándares internacionales”, ha señalado en un comunicado.
El Ministerio de Exteriores cubano, que ha condenado el terrorismo “de manera inequívoca”, ha subrayado que “cualquier interacción pasada que haya involucrado a personas posteriormente designadas como terroristas ocurrió únicamente en contextos humanitarios limitados, vinculados a procesos de paz reconocidos internacionalmente, a solicitud de sus respectivos gobiernos, de manera plenamente transparente”.
En esta misma línea, la Cancillería ha rechazado que en la isla existan “bases militares o de inteligencia extranjeras” y ha mostrado su desacuerdo con “la caracterización de ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos”. Ha insistido en que “tampoco ha apoyado ninguna actividad hostil contra ese país ni permitirá que nuestro territorio se utilice contra otra nación”, tras reiterar su “compromiso de cooperar con” las autoridades estadounidenses y con otros estados para “fortalecer la seguridad regional e internacional”.
La diplomacia cubana ha manifestado igualmente su voluntad de “reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos para hacer frente a amenazas transnacionales compartidas”, mencionando la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la prevención del blanqueo de capitales, la trata de personas y los desafíos de ciberseguridad. No obstante, ha remarcado que no renunciará “jamás a la defensa de su soberanía y la independencia”.
“Cuba propone renovar la cooperación técnica con Estados Unidos (...) y continuará fortaleciendo su marco jurídico para respaldar estos esfuerzos, consciente de que cuando ha existido voluntad de las partes, se ha podido avanzar en estos frentes”, ha declarado el Ministerio dirigido por Bruno Rodríguez.
En conclusión, el Gobierno cubano ha defendido que ambos países y sus ciudadanos “se benefician del compromiso constructivo, la cooperación conforme a la ley y la coexistencia pacífica”. “Cuba reafirma su disposición a mantener un diálogo respetuoso y recíproco, orientado a resultados tangibles con el Gobierno de Estados Unidos, basado en el interés mutuo y el Derecho Internacional”, ha declarado.