El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, ha ampliado la aplicación del estado de excepción a otras diez provincias, incrementando a doce el total de provincias en estado de excepción debido a las intensas protestas provocadas por el cese del subsidio al diésel. Las provincias de Carchi e Imbabura, donde esta medida ya se aplicaba desde el 16 de septiembre, ahora se ven acompañadas por Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, todas ellas sumergidas en una ‘grave conmoción interna’ que justifica esta decisión.
Esta medida restringe el derecho de reunión en estas áreas, donde se han registrado paros y actos de violencia que perturban la paz pública, ‘creando condiciones que amenazan la seguridad de los ciudadanos y sus derechos fundamentales como la vida, la integridad y la libertad de movimiento’, explica el decreto firmado por Noboa la noche del sábado.
El documento oficial destaca la ‘radicalización’ de las protestas y pretende mitigar el impacto negativo en la comunidad. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) había llamado a un paro indefinido el 21 de septiembre, desencadenando grandes movilizaciones y bloqueos de carreteras. El Gobierno ha reaccionado desplegando al Ejército y, en los enfrentamientos, ha fallecido al menos un miembro de la comunidad indígena.
Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, desde Chimborazo criticó la ‘actitud prepotente’ del gobierno y alertó sobre la posibilidad de avanzar hacia Quito. ‘La lucha continúa y si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a hacerlo’, declaró Vargas.