Decisión judicial adversa para Trump por el bloqueo de fondos a Harvard

Vista de la sede de la Universidad de HarvardEuropa Press/Contacto/Kenneth Martin

Una magistrada estadounidense ha emitido un veredicto este miércoles que favorece a la Universidad de Harvard, al declarar que la acción del Gobierno de Estados Unidos fue «ilegal» al retener más de 2.000 millones de dólares (más de 1.700 millones de euros) destinados a la investigación en esta entidad educativa.

La jueza federal de distrito Allison Burroughs, ubicada en Boston, determinó que la Administración de Donald Trump infringió las libertades de Harvard en abril, al interrumpir una serie de becas de investigación, aunque no dictó la orden de liberar dichos fondos.

En su documento de 84 páginas, Burroughs manifestó que Washington «utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo y motivado ideológicamente contra las principales universidades de este país, y lo hizo de una manera que contraviene» la ley.

Además, la jueza opinó que las acusaciones de antisemitismo en Harvard eran «en el mejor de los casos, arbitrario y, en el peor, un pretexto». Afirmó que las autoridades estadounidenses «tomaron represalias inadmisibles» contra este prestigioso centro académico «por negarse a capitular ante (sus) exigencias», destacando la lucha de Harvard en los tribunales mientras otras instituciones como la Universidad de Columbia accedieron a pagar sumas considerables para recuperar los fondos recortados por Trump, acusando a estos centros de infringir leyes anti-discriminación al permitir manifestaciones propalestinas en sus recintos.

La sentencia podría permitir que se liberen los fondos para Harvard, aunque la jueza no ha emitido tal orden, según informa Bloomberg.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Liz Huston ha expresado que el Gobierno apelará el fallo, que calificó de «flagrante».

Liz Huston declaró: «Para cualquier observador imparcial, está claro que la Universidad de Harvard no protegió a sus estudiantes del acoso y permitió que la discriminación plagara su campus durante años», y argumentó que «no tiene derecho constitucional a recibir dinero de los contribuyentes y sigue sin ser elegible para recibir subvenciones en el futuro».

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