La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este jueves que la ley de amnistía “llega a su fin”, subrayando que “ha salido muy bien” después de haber favorecido a más de 8.600 personas “que tienen hoy libertad plena”.
Rodríguez ha realizado estas declaraciones durante un acto para constituir la Comisión encargada de la “Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal”, una iniciativa que, según la Presidencia, “busca una reestructuración profunda del sistema legal venezolano bajo una visión humanista, preventiva y de equidad”. La dirigente ha explicado que este nuevo órgano será “un espacio” para tramitar “aquellos casos que no estaban contemplados o mejor dicho, estaban excluidos expresamente” en una “ley de amnistía que llega a su fin”.
“La ley de amnistía ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados”, ha reiterado la mandataria, que ha precisado que son 8.616 las personas “que tienen hoy libertad plena, otorgada a través de la ley de amnistía”.
Sin embargo, los datos oficiales contrastan con los difundidos por la ONG venezolana Foro Penal, que el día anterior señaló que “desde el 8 de enero de 2026, se han producido 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 han ocurrido como consecuencia de la amnistía”.
Pese a ello, la presidenta encargada ha defendido la norma ya concluida y ha resaltado que “surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela que llevó a una agresión externa y nos llevó a la reflexión”, en alusión a la intervención militar en la que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, operación que dejó más de un centenar de muertos en el país.
La actual jefa de Estado interina ha ensalzado el alcance de la ley de amnistía y ha llegado a sostener que se sitúa “en un punto muy alto en relación a lo que fue la ley de amnistía en Sudáfrica, que duró siete años”, en una referencia a los procesos vinculados a la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, creada en 1995 para impulsar la justicia restaurativa tras el fin del apartheid.
No obstante, el portal oficial de dicha comisión, dependiente del Ministerio de Justicia sudafricano, fija en 1997 la fecha límite para registrar solicitudes de amnistía, mientras que la resolución de las mismas concluyó en el año 2000, es decir, menos de cinco años después de la puesta en marcha del organismo. De las 7.112 peticiones tramitadas, se concedieron 849.
Rodríguez ha establecido además un paralelismo entre la normativa venezolana y “la ley de amnistía en España que todavía está aperturada desde el año 2024”, aludiendo a la “Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” del 10 de junio de 2024, dirigida a los procedimientos judiciales y condenas derivadas de los hechos relacionados con el 'procés'.
Críticas de la ONG JEP al cierre de la amnistía
En contraste con la postura del Ejecutivo interino, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha calificado el anuncio de “grave atropello al Estado de Derecho”. “Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo”, ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales, donde sostiene que “su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar”.
“Pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico”, continúa la publicación.
JEP ha añadido que, además de “discriminatoria”, la decisión de poner fin a la ley de amnistía “anula el principio de progresividad de los Derechos Humanos y profundiza la brecha de impunidad”.
“Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley ha terminado siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos”, ha lamentado la organización.
La ONG ha concluido que “una verdadera reforma judicial y una reconciliación nacional no pueden construirse sobre la restricción de derechos vigentes; requieren el cumplimiento estricto de la ley y la apertura de canales transparentes que garanticen justicia real”, antes de subrayar que “la libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas en el altar de la conveniencia política”.