La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dado a conocer la puesta en marcha de una ley de amnistía dirigida a los presos políticos que aún siguen en las cárceles del país. El anuncio llega en pleno proceso de excarcelaciones posteriores a la captura del presidente Nicolás Maduro, un proceso que las ONG calculan que ya ha permitido la liberación de más de 700 personas.
“Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, para que en las próximas horas instalados en urgencia presenten en la ley ante la Asamblea Nacional”, ha señalado Rodríguez ante el Tribunal Supremo de Venezuela durante la apertura del año judicial, en unas palabras difundidas por la cadena estatal VTV.
Según ha explicado la propia mandataria, esta futura ley contaría con el apoyo de Maduro y busca “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia (...) y el extremismo”, además de “reencauzar la justicia en nuestro país (...) y la convivencia”.
Rodríguez ha instado tanto a quienes resulten beneficiados por la norma como a los que ya han recuperado la libertad en las últimas semanas a dejar de lado “la venganza, la revancha y el odio”, subrayando que se trata de “una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay”.
“Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela”, ha añadido en su intervención.
El proyecto de ley de amnistía excluye a las personas encarceladas por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones graves de los Derechos Humanos, que no podrán acogerse a este beneficio.
Por su parte, la ONG venezolana Foro Penal ha informado este jueves de que ya son más de 700 los “presos políticos” excarcelados desde el inicio de la última ola de liberaciones, el pasado 8 de enero. No obstante, ha alertado de que todavía existen más de 11.000 ciudadanos sometidos a restricciones “arbitrarias” de su libertad.