Este miércoles, el Congreso de Perú decidió inhabilitar a Delia Espinoza, quien fuera fiscal general hasta su suspensión en septiembre, por un lapso de diez años. Espinoza había criticado esta acción como un ataque al Estado de derecho.
En una segunda ronda de votaciones, la medida fue aprobada con 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones, imputándole supuestos delitos como abuso de autoridad y usurpación de funciones, entre otros.
La votación sucedió tras una primera instancia donde no se alcanzaron los 68 votos necesarios, llevando a dos diputados a pedir una nueva votación basada en un informe que la acusaba de ignorar la Ley 32130.
En su intervención antes del voto, Espinoza acusó a los diputados de iniciar una «dictadura parlamentaria» y de destruir su carrera no política por motivos partidistas y personales.
La ex fiscal denunció también la arbitrariedad de la medida, relacionándola con las denuncias que había presentado contra algunos parlamentarios que apoyaron su inhabilitación. “Choqué con un poder oscuro que no me quiere”, expresó, refiriéndose a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente.
En una declaración que recoge ‘La República’, Espinoza sostuvo que asumió el cargo de forma íntegra y anticipó su regreso a la Fiscalía. Además, enfrenta un proceso disciplinario por supuestamente no restituir a Patricia Benavides, su antecesora, acusada de corrupción, en una resolución que ella calificó de «plagada de ilegalidades».











