Delia Espinoza, fiscal general de Perú, quien fue reinstaurada en su cargo el lunes pasado por decisión judicial, ha optado este jueves por no acudir al Ministerio Público para asumir su posición debido a la resistencia de Tomás Gálvez, el fiscal interino. No obstante, Espinoza mantiene la esperanza de que se resuelva la situación para que se le “permita ingresar” a la institución el viernes.
En sus palabras, Espinoza ha asegurado que “jamás” ingresaría a la Fiscalía “empujando la puerta”, en referencia a actos previos de su antecesora, Patricia Benavides, quien fue removida por la Junta Nacional de Justicia bajo acusaciones de corrupción. “Respeto la sede, respeto a los trabajadores y a la población. Soy una dama y jamás voy a llegar a hechos bochornosos ni innecesarios de violencia”, manifestó en la cadena RPP, insistiendo en que “todos los procedimientos deben seguir el cauce adecuado y con las formas que corresponden”.
Espinoza se muestra optimista sobre la posibilidad de que se “corrija esta situación” durante el viernes y se le “permita ingresar” al Ministerio Público para cumplir con los plazos fijados por el Poder Judicial. El Noveno Juzgado Constitucional de Lima estableció un plazo de cinco días el lunes a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para acatar la orden judicial de restituir a Espinoza, suspendida anteriormente durante seis meses por un proceso disciplinario.
La JNJ, sin embargo, ha decidido mantener la suspensión, alegando que la orden solo abarca uno de los cuatro cargos que originaron su suspensión temporal de la Fiscalía, mientras Gálvez sostiene que Espinoza solo podrá regresar cuando el organismo “disponga su reincorporación”. Ante esto, Espinoza ha comentado que el interino “se está equivocando” y la JNJ “parece querer dilatar esta situación, lo que constituye un claro desacato”.
Gálvez, por su parte, ha declarado al diario ‘La República’ que “si ella ingresaba de forma abrupta al Ministerio Público para supuestamente retomar el cargo, habría sido detenida por encontrarse en flagrancia del delito de usurpación de funciones”. “Se tiene que seguir el proceso; para ello se espera la resolución de la JNJ”, enfatizó, resaltando que “nadie puede ingresar por la fuerza”.
Espinoza, inmersa en un proceso disciplinario que incluye un expediente abierto en septiembre por la Junta Nacional de Justicia por supuestas faltas graves y violación de la ley al no ejecutar la resolución que restituía a Benavides, también denunció en julio presiones del Congreso, con hasta cuatro demandas constitucionales que buscaban inhabilitarla por hasta diez años. Espinoza ha calificado el proceso como “plagado de ilegalidades”.