Desde finales de julio, las autoridades de Birmania han arrestado a cerca de cien individuos, movilización que coincide con la aprobación de la Ley de Protección Electoral por parte de la junta militar, que dirige el país tras el golpe de Estado de febrero de 2021. Esta ley apunta a silenciar las disidencias contra las elecciones programadas para diciembre de este año.
Según cifras oficiales, el número de detenidos asciende a 94, incluidos cuatro adolescentes. La legislación impone severas sanciones, que oscilan entre un año de cárcel y la pena capital, a quienes se enfrenten a este proceso electoral, que se desarrollará en etapas del 28 de diciembre al 11 de enero.
Las votaciones, sin embargo, no se llevarán a cabo en todos los distritos debido a conflictos armados y al control de ciertas áreas por grupos de resistencia.
Recientemente, siete personas, entre ellas un joven de 15 años, fueron capturadas por promover ‘propaganda contra las elecciones y a favor de dañar a los trabajadores de los centros de votación’, según fuentes de la junta citadas por el portal Irrawaddy.
Organizaciones pro Derechos Humanos han denunciado estos arrestos y han advertido que ‘algunas personas que critican las elecciones están siendo silenciadas por la junta’, en un momento en que activistas distribuyen folletos buscando el boicot y la movilización contra el proceso electoral.
En agosto, la junta confirmó que las elecciones se celebrarán el 28 de diciembre, tras varios aplazamientos. La Comisión Electoral de la Unión aseguró que los comicios buscarán una composición ‘democrática’ del Parlamento y las autoridades locales, aunque la oposición ha expresado fuertes críticas a esta convocatoria.