La Fiscalía peruana ha anunciado recientemente que diez altos mandos de la Policía de Perú están siendo investigados por supuestas torturas agravadas a 24 individuos durante las protestas contra el gobierno al inicio del año 2023 en el sur del país.
Entre los investigados por las autoridades se encuentran el excomandante de la Policía Nacional de Perú (PNP), Jorge Angulo Tejada, y Jesús Flores Solís, quien lideraba la policía en la región de Apurímac, epicentro de las protestas. También están implicados los responsables de la División de Orden Público y Seguridad de Abancay, capital de la mencionada región.
Elizabeth Quispe, fiscal provincial, ha mencionado que estos hechos representan «graves violaciones de Derechos Humanos». Según la agencia de noticias estatal Andina, durante una operación policial, los manifestantes experimentaron violencia física y psicológica, además de ser retenidos atados durante horas.
A mediados de mayo, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y seis exministros por supuestos delitos de lesiones, tanto leves como graves, a al menos dos manifestantes. La entidad estatal ha reportado aproximadamente 75 víctimas por el uso excesivo de fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.