Diez países occidentales han instado a Israel a incrementar de forma significativa el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ante las intensas lluvias e inundaciones que sufre el enclave. Además, reclaman la apertura de nuevos pasos fronterizos y que se garantice que las organizaciones humanitarias puedan trabajar de manera “sostenida” pese a las nuevas normas de registro impuestas por las autoridades israelíes.
Los Ministerios de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido han alertado en una declaración conjunta de que 1,3 millones de personas precisan “apoyo urgente” en materia de alojamiento.
“Más de la mitad de los centros de salud funcionan sólo parcialmente y carecen de equipo y suministros médicos esenciales. El colapso total de la infraestructura de saneamiento ha dejado a 740.000 personas vulnerables a las inundaciones”, han recalcado en su comunicado.
A pesar de que la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) decidió en diciembre retirar su declaración de hambruna en Gaza, la mayor parte de la población continúa enfrentándose “a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda”.
“Si bien la cantidad de ayuda que llega a Gaza ha aumentado desde el alto el fuego, la respuesta sigue siendo muy limitada por los obstáculos persistentes al acceso humanitario”, han añadido, subrayando que resulta imprescindible eliminar las restricciones sobre las importaciones catalogadas como “de doble uso”, que afectan a materiales médicos y de refugio.
Los países firmantes han valorado positivamente la apertura parcial del paso de Allenby/Rey Husein, que conecta Jordania con Cisjordania y permanece bajo control israelí, pero han lamentado que “otros corredores sigan estando cerrados o restringidos”, entre ellos el cruce de Rafá, cuya reapertura figura en el plan para poner fin a las hostilidades en Gaza.
También han alertado de que las nuevas exigencias de registro fijadas por Israel podrían forzar el cierre, a partir del 31 de diciembre, de numerosas ONG que operan tanto en Gaza como en Cisjordania, lo que tendría “graves repercusiones en el acceso a los servicios esenciales, incluida la asistencia sanitaria”.
“Cualquier intento de limitar su capacidad de operar es inaceptable. Sin ellas, será imposible satisfacer todas las necesidades urgentes en la escala requerida”, han señalado, insistiendo en que es crucial que Naciones Unidas y sus socios puedan mantener su “labor vital”.
En paralelo, han reclamado a las milicias palestinas la entrega del cuerpo del último rehén que sigue retenido en Gaza y han exigido que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se “desarme y renuncie a la violencia” conforme al plan de paz planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Desde el pasado 10 de octubre está en vigor un frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, marcado por las acusaciones cruzadas de Israel y Hamás de incumplir la hoja de ruta acordada para poner fin a más de dos años de ataques contra el enclave palestino, que han causado ya más de 71.000 muertos y una grave crisis humanitaria.
Tras la liberación de los rehenes prevista en la primera fase del plan de paz, la segunda etapa contempla, entre otros aspectos, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional destinada a prevenir nuevos choques armados, aunque la milicia palestina ha mostrado su negativa a abandonar las armas.