El máximo responsable de la Armada de Corea del Sur, Kang Dong Gil, ha presentado este miércoles su renuncia, apenas unas semanas después de haber sido apartado de su puesto y de su salario por su presunta implicación en la controvertida ley marcial proclamada a finales de diciembre de 2024, que desembocó en la destitución del entonces presidente Yoon Suk Yeol.
Kang ha puesto el cargo a disposición tras la decisión del Ministerio de Exteriores de aplicar “medidas disciplinarias contundentes” en su contra. “El almirante respeta estas medidas y presenta su dimisión”, ha señalado la Armada en un comunicado oficial.
La suspensión de funciones se produjo poco después de que el propio Ministerio adoptara una medida similar contra el comandante de las Operaciones Terrestres del Ejército surcoreano, Joo Sung Un, igualmente investigado por su posible papel en la proclamación de dicha normativa excepcional, que supuso el despliegue de tropas en los alrededores del Parlamento.
En el momento en que se declaró la ley marcial, Kang estaba al frente de la dirección de apoyo militar del Estado Mayor Conjunto. Hasta que se nombre a un sucesor, el número dos de la Armada continuará ejerciendo el mando de forma interina.
La crisis política derivada de la imposición de la ley marcial ha llevado a los tribunales surcoreanos a sentenciar al expresidente Yoon a cadena perpetua, al considerarlo responsable de liderar delitos de insurrección durante la jornada en la que el Ejército rodeó la sede legislativa.
El exjefe de Estado mantiene que su decisión pretendía servir de advertencia ante lo que calificó como una crisis nacional, y niega que se tratara de un intento de quebrar el orden constitucional, unos argumentos que han sido finalmente rechazados por la Justicia.
La ley marcial fue revocada poco después de entrar en vigor por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución reclamando su cancelación. En las semanas posteriores, los diputados votaron la destitución del presidente y, en abril de 2025, este fue definitivamente apartado del cargo después de que el Tribunal Constitucional ratificara el proceso de impeachment en su contra.