Este miércoles, Dina Boluarte, la presidenta peruana, ha oficializado la ley de amnistía que beneficia a policías, militares y grupos de autodefensa acusados de violaciones a los Derechos Humanos en las décadas de conflicto armado entre 1980 y 2000, contraviniendo la orden de la Corte Internacional de Derechos Humanos.
¡Con esta amnistía histórica Perú honra a sus defensores y rechaza con firmeza cualquier intromisión externa!, señaló un anuncio de la Presidencia, donde Boluarte declaró que el país no abandona a sus defensores y que jamás permitirá el sacrificio de quienes se enfrentaron a la violencai sea olvidado o castigado.
Críticas y Contexto Internacional
Desde Human Rights Watch (HRW), se criticó duramente la ley, argumentando que otorga impunidad a criminales de guerra y que es simple y llanamente una traición a las víctimas y que nunca debió ser promulgado y debería ser derogado.
Juanita Goebertus, directora para la División de las Américas de HRW, expresó que La ley socava décadas de esfuerzos que buscan garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas y debilita aún más el Estado de derecho. Además, indicó que con esta ley Perú se une a Nicaragua, Venezuela y otros países que desafían el sistema interamericano de Derechos Humanos despreciando los derechos de las víctimas.
El Congreso peruano aprobó la ley a inicios de julio, tras lo cual la Corte IDH exigió a Perú que se abstuviera de aplicarla hasta revisar su compatibilidad con directrices previas sobre la investigación de abusos durante el conflicto. Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, el conflicto dejó cerca de 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos. Los juzgados en Perú han resuelto definitivamente unos 150 casos, mientras más de 600 aún esperan resolución.