Una treintena de congresistas peruanos pertenecientes a diversas fuerzas políticas, en su mayoría de izquierda, han presentado este lunes una nueva moción para apartar de la Presidencia del Congreso —y, en consecuencia, de la jefatura interina del Estado— al actual mandatario encargado, José Jerí. Con esta iniciativa ya son siete las mociones acumuladas en su contra por sus reuniones secretas con un empresario de nacionalidad china.
La propuesta ha sido registrada por Segundo Montalvo, del partido Perú Libre, que además del respaldo de su propia formación ha sumado el apoyo de las bancadas Socialista, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial y Bloque Democrático Popular, junto con parlamentarios no agrupados y Edwin Martínez, de Acción Popular.
El documento, que cuenta con la firma de 26 congresistas de los 130 que integran la cámara, reclama la destitución de Jerí de la Presidencia alegando “incapacidad moral permanente” por sus encuentros con el empresario chino Zhihua Yang —a quien el mandatario llamó en el Parlamento 'Johnny'—. A estas citas acudió cubriéndose con gafas de sol y capucha y, según reconoció ante los diputados, salió con regalos como dulces y cuadros, si bien negó cualquier hecho “ilícito” en su conducta.
Además, los impulsores de esta nueva moción sostienen que el presidente en funciones carece de “políticas públicas para enfrentar la inseguridad ciudadana en el sector transportes”, un problema que ya se arrastraba durante el mandato de la destituida Dina Boluarte y que el actual jefe del Congreso se comprometió a abordar tras asumir el cargo.
En paralelo, los parlamentarios han cuestionado el decreto suscrito por Jerí que abre la puerta a la privatización de Petro-Perú. Argumentan que, “a pesar (de) que se pretenda instalar la idea de una supuesta 'quiebra'”, la petrolera estatal, “según datos oficiales, mantiene un patrimonio neto positivo aproximado de 2.200 millones de dólares (1.852 millones de euros) al tercer trimestre de 2025”.
“El problema central no es la inviabilidad económica, sino un severo estrés de liquidez originado por malas decisiones de gestión, endeudamiento excesivo y deficiencias en los mecanismos de control”, han señalado, calificando el decreto de privatización como “una salida equivocada que evade la responsabilidad del Poder Ejecutivo de plantear una reforma seria de la gestión empresarial”.
En su balance final, los firmantes advierten “enfáticamente (de) que lo que pretende el Gobierno del presidente Jerí es realizar una indebida gestión de los recursos financieros del país, en una coyuntura de un continuo estado de emergencia, donde su objetivo debe ser adoptar medidas para frenar la inseguridad y la defensa de la población ante el desborde de la criminalidad a nivel nacional, únicamente para priorizar a través de un decreto de urgencia, la transferencia de recursos financieros carentes de fundamentación técnica y jurídica”.
Esta nueva ofensiva parlamentaria incrementa la presión política sobre Jerí. No obstante, al igual que las seis mociones anteriores, el texto seguirá paralizado hasta que concluya el receso del Congreso en marzo o se convoque un pleno extraordinario. Para ello sería necesaria una orden del presidente interino de la cámara, Fernando Rospigliosi —que ya ha descartado esa opción— o la solicitud de al menos 43 congresistas.