Los principales partidos ultraortodoxos de Israel han atribuido este lunes la muerte de dos bebés en una guardería ilegal de corte haredí a los recortes en las ayudas públicas a esta comunidad aprobados por el Gobierno de Benjamin Netanyahu, al considerar que estas medidas forzaron a muchas familias a incorporarse al mercado laboral para “afrontar la carga financiera que se les imponía”.
El líder de Shas, Aryeh Deri, ha señalado que los recortes en los subsidios a la población haredí, introducidos tras una sentencia que declaró ilegales las exenciones del servicio militar concedidas durante décadas a los hombres ultraortodoxos, figuran entre las causas de la tragedia en la que fallecieron dos bebés de cuatro y seis meses en la citada guardería sin licencia, donde además fueron encontrados otros 53 menores con distintos niveles de lesiones.
“¿Quién puede decir: 'Nuestras manos no derramaron esta sangre'? Cuando una población tan numerosa se ve repentinamente sumida en la miseria, se ve obligada a buscar otras soluciones, y las consecuencias pueden ser duras y amargas”, ha manifestado Deri durante un discurso ante el Parlamento israelí. En su intervención, ha admitido que está “prohibido operar guarderías sin licencia”, pero ha insistido en que “se requiere una profunda introspección”.
El diputado de Shas y exministro del Interior, Moshe Arbel, ha denunciado asimismo en la Knesset que “los hijos de inmigrantes ilegales tienen derecho a guarderías y jardines de infancia”, mientras que los hijos de estudiantes de 'yeshiva' casados —centros de estudios religiosos judíos— “son expulsados de las guarderías supervisadas”.
“Nos corresponde a todos detener la persecución (contra la población ultraortodoxa); la vida de los niños debe permanecer al margen de cualquier lucha política”, ha reclamado Arbel, que ha lamentado que “la sangre de bebés inocentes, niños que aún no han probado el pecado, clama desde la tierra”.
Por su parte, el partido Judaísmo Unido de la Torá, también ultraortodoxo, ha responsabilizado igualmente a los recortes en un comunicado difundido por 'Times of Israel', en el que recalca que el suceso “ocurrió a pesar de las claras y reiteradas advertencias emitidas previamente de forma explícita contra las severas medidas (contra los evasores del servicio militar), que provocaron que las familias no pudieran afrontar la carga financiera que se les imponía, lo que provocó un grave hacinamiento en las guarderías que no habían sido cerradas”. “Ha quedado claro que estos decretos para estas medidas han asumido una gran responsabilidad y culpa”, ha añadido la formación.
En paralelo, cientos de ultraortodoxos han salido a las calles de Jerusalén y Beit Shemesh para protestar contra la intención de las autoridades de practicar autopsias a los cuerpos de los dos bebés fallecidos, registrándose enfrentamientos con la Policía durante las movilizaciones.
La Policía y la Fiscalía de Israel defendían la necesidad de realizar las autopsias como parte de la investigación abierta, pero los progenitores de los menores se han opuesto frontalmente, en línea con la doctrina ortodoxa que considera cualquier intervención sobre un cadáver como una profanación. A pesar de la oposición de las familias, un tribunal de Jerusalén ha autorizado finalmente la práctica de las pruebas forenses.