La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha informado de que se han producido dos nuevas detenciones vinculadas a las protestas celebradas en enero contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la iglesia de Saint Paul, en el estado de Minnesota, escenario donde fue arrestado el conocido periodista Don Lemon.
“Hemos realizado dos arrestos más en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota: Ian Davis Austin y Jerome Deangelo Richardson”, ha indicado Bondi en un breve mensaje publicado este lunes en redes sociales.
De acuerdo con la acusación formal, Lemon y el resto de coacusados --entre los que figuran Austin y Richardson-- afrontan dos cargos federales, entre ellos conspiración para vulnerar los derechos constitucionales de otras personas y violación de la llamada Ley FACE, que impide recurrir a la fuerza o a las amenazas contra “cualquier persona que ejerza o busque ejercer legalmente el derecho de libertad religiosa de la Primera Enmienda en un lugar de culto religioso”.
La Ley FACE fue aprobada en 1994 con el objetivo de asegurar que las mujeres que deseaban someterse a un aborto pudieran entrar sin obstáculos en las clínicas, al igual que el personal médico, en un contexto de manifestaciones de grupos antiabortistas. Más adelante se añadió una disposición que contempla sanciones para quienes interrumpan los servicios religiosos en iglesias.
El resto de acusaciones contra Lemon y los otros implicados se sustentan en una norma conocida como Ley de Conspiración contra los Derechos, inicialmente diseñada para combatir los delitos vinculados al Ku Klux Klan y posteriormente modificada para que pudiera aplicarse a un abanico más amplio de vulneraciones de derechos constitucionales.
El veterano expresentador de la cadena CNN, que recuperó la libertad el viernes, sostuvo que la “Primera Enmienda de la Constitución protege (el) trabajo” que ha estado haciendo “durante los últimos 30 años”, que es “cubrir las noticias”.
La ONG Freedom of the Press Foundation ha alertado de que estos procedimientos, basados en teorías “falsas”, constituyen “claras advertencias dirigidas contra otros periodistas”. “El mensaje inequívoco es que los periodistas deben actuar con cautela, ya que el Gobierno está buscando cualquier forma de atacarles”, indicó.