El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha ordenado el estado de excepción en nueve provincias del país y en varias comarcas durante 60 días, tras constatar un aumento del 18% en las muertes violentas registradas entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
“Declarar el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de la provincia de Bolívar”, detalla el decreto firmado por el presidente ecuatoriano.
La disposición excepcional se aplicará durante dos meses y conlleva la suspensión, en las provincias y cantones señalados, de los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, con el objetivo de reforzar las actuaciones de seguridad.
“La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio permitirá a la fuerza pública la realización de allanamientos inmediatos, cuando existan indicios objetivos y razonables de que en el interior de un inmueble se oculten integrantes de grupos armados organizados o de estructuras de delincuencia organizada”, recoge el documento.
El texto también contempla que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan entrar en una vivienda cuando “se encuentren armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización, instrumentos u otros objetos cuya tenencia o uso sea constitutivo de infracción penal, o que resulten relevantes para prevenir, mitigar o neutralizar amenazas en curso o inminentes y asegurar indicios o evidencias para su judicialización”.
En paralelo, la suspensión de la inviolabilidad de la correspondencia habilita a las autoridades a efectuar tareas de identificación, análisis y recopilación de datos “estrictamente pertinente, cuando resulte indispensable para prevenir o neutralizar amenazas” vinculadas con los hechos que han motivado la declaración del estado de excepción.
“La aplicación de esta medida se efectuará de manera excepcional y caso por caso, sin exceder los fines del estado de excepción ni emplearse para acceder a información ajena a dichos fines; y requerirá, para cada intervención, un informe motivado del órgano competente que identifique la información requerida y exponga las razones que justifican el acceso, priorizando, siempre que sea posible, los mecanismos previstos en el régimen ordinario, conforme a la normativa aplicable”, agrega.
En la justificación de la medida, los informes policiales adjuntos al decreto señalan que entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025 se registraron 1.232 muertes violentas en las zonas incluidas en el estado de excepción, lo que representa un incremento del 18% en los homicidios intencionados respecto al mismo tramo del año previo.
Asimismo, los análisis estadísticos elaborados para ese periodo y citados en la norma indican que las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena concentran el 92,1% de los hechos de violencia a escala nacional en Ecuador.