Este sábado, las autoridades ecuatorianas han comunicado que procederán con la deportación de aproximadamente 1.000 reclusos de origen colombiano, quienes estaban cumpliendo sus penas en diferentes localidades del país. Este proceso ya ha comenzado con la repatriación de 700 de estas personas privadas de libertad (PP).
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, inició la deportación de 700 personas privadas de libertad de nacionalidad colombiana, de un total de 1.000, que se encontraban en distintos centros carcelarios del país. Esta medida refuerza el compromiso con la seguridad y el orden interno, declaró el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Según este organismo, responsable del sistema penitenciario ecuatoriano, las deportaciones se llevan a cabo conforme a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, reformada por la Ley Orgánica de Integridad Pública, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 61.1 del Código Orgánico Integral Penal, y están fundamentadas en un acuerdo ministerial firmado el pasado 2 de julio por la Subsecretaría de Migración y la Dirección de Control Migratorio, encargadas de iniciar los procedimientos administrativos de deportación.
En el transcurso de este mes, el SNAI ha llevado a cabo cerca de 1.000 audiencias individuales a los reclusos colombianos, cuyas decisiones fueron luego enviadas por la Subsecretaría de Migración al servicio estatal de prisiones para coordinar su presentación ante los jueces competentes en cada jurisdicción del país.
En base a estas resoluciones, en un plazo de 24 horas, los jueces avocaron conocimiento de la resolución administrativa de deportación y emitieron las respectivas boletas de excarcelación. Una vez emitidas dichas boletas por el Consejo de la Judicatura, el SNAI procede con la excarcelación, y posteriormente, el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Migración, ejecuta la deportación a Colombia por el Puente Internacional de Rumichaca, detalló el comunicado del gobierno ecuatoriano.
El gobierno ecuatoriano afirma que todo el proceso se ha llevado a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad y con un irrestricto respeto a los derechos humanos, asegurando la confidencialidad necesaria para proteger todos los procedimientos legales y los derechos fundamentales de los deportados.
PRESENCIA NO PLANIFICADA NI INFORMADA
Por otro lado, el Gobierno de Colombia ha manifestado su descontento debido a que la devolución de sus ciudadanos no fue adecuadamente comunicada y ha reiterado la importancia de establecer un protocolo de actuación para asegurar un trato digno a los ciudadanos colombianos deportados desde Ecuador.
Ante el anuncio oficial de que entre el miércoles y el jueves de esta semana llega un nuevo grupo de connacionales deportados desde Ecuador al Puente de Rumichaca, el gobierno de Colombia a través de la Cancillería insistirá con su par ecuatoriano para que se establezca un protocolo y un calendario para la salida, comunicó el Ministerio de Exteriores colombiano, después de informar que las autoridades del vecino país expulsaron a 603 connacionales (543 eran hombres y 60, mujeres).
La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, alabó que, pese a no haber recibido aviso previo por parte del gobierno ecuatoriano, se ha desplegado un operativo para brindar atención humanitaria integral a los 603 ciudadanos que retornaron este sábado.
La alcaldía ha seguido los protocolos indicados y en este momento la situación ha sido resuelta manteniendo la normalidad tanto en el puente fronterizo como al interior de la ciudad en términos de convivencia y tranquilidad. Las personas han sido atendidas con la debida dignidad, con la debida empatía para que puedan llegar a su destino final, y han sido informadas de los deberes y derechos que en este caso tienen al regresar al país como retornados, concluyó Villavicencio.