Este lunes, la Fiscalía de Brasil ha presentado una acusación contra el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y Paulo Figueiredo, comentarista y nieto del último presidente de la dictadura militar, João Batista Figueiredo. Ambos están implicados en un supuesto delito de coacción dentro del marco judicial relacionado con un intento de golpe de Estado.
“El fiscal general de la República, Paulo Gonet Branco, ha denunciado a Eduardo Bolsonaro y Paulo Renato Figueiredo Filho ante el Tribunal Supremo Federal (STF) por coacción en un proceso judicial”, se comunicó a través de su canal de Whatsapp, añadiendo que “ambos emprendieron acciones para intervenir en procesos con el objetivo de beneficiar al expresidente y al propio Paulo Renato Figueiredo Filho”.
Según el fiscal, se les imputa haber violado el artículo 344 del Código Penal, que trata sobre “el uso de la violencia o amenazas graves para favorecer intereses propios o de terceros en procesos judiciales, policiales o administrativos”. “Los denunciados actuaron de forma reiterada para someter los intereses de la República a sus intereses personales y familiares”, explica la acusación.
En respuesta a estas acusaciones, los implicados, quienes residen actualmente en Estados Unidos, emitieron una declaración conjunta que fue publicada en la cuenta de X de Eduardo Bolsonaro, defendiendo su “derecho a solicitar al Gobierno (estadounidense) que corrija los abusos y las injusticias”.
“Vivimos en Estados Unidos, por lo tanto, bajo la jurisdicción de la Constitución estadounidense, cuya primera enmienda garantiza el derecho a ‘petition the Government for a redress of grievances’ (solicitar al Gobierno que corrija los abusos y las injusticias). Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, y seguiremos haciendo”, declararon.
Bolsonaro y Figueiredo sostienen que la “criminalización del ejercicio de un derecho constitucional en otra jurisdicción constituye una práctica de represión transnacional contra personas de Estados Unidos”, a pesar de poseer solo la nacionalidad brasileña. Además, alegaron que medidas como las tomadas por el fiscal Gonet coinciden con “las bases de las sanciones impuestas a Alexandre de Moraes por violaciones de los Derechos Humanos, así como de los aranceles comerciales impuestos a Brasil” por la administración del presidente Donald Trump.
“Quienes se adhieren a este tipo de conducta se exponen a las mismas sanciones y agravan aún más la crisis entre Brasil y Estados Unidos”, advirtieron en relación con la denuncia de la Fiscalía. Para los acusados, este nuevo caso “pone de manifiesto la persecución política”, pero “es una pérdida de tiempo”. “Esto solo refuerza lo que hemos afirmado repetidamente: que la amnistía amplia, general e irrestricta es el único camino para Brasil”, concluyeron, enfatizando que “las medias tintas solo agravarán el problema”.
La denuncia de la Fiscalía brasileña se produjo poco después de que la Cámara de Diputados de Brasil aprobase una solicitud para tramitar de urgencia la ley que otorgaría la amnistía a los involucrados en protestas y actos violentos desde el inicio de las manifestaciones contra la victoria electoral del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, el 30 de octubre de 2022, hasta la posible entrada en vigor de la norma. Dicha ley podría beneficiar, en su aplicación más amplia, al propio Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, y a otros implicados en el caso.
En mayo, el juez del Tribunal Supremo De Moraes inició una investigación contra Eduardo Bolsonaro por sus actividades en Washington, donde comenzó una campaña para defender la inocencia de su padre, incurriendo presuntamente en delitos de obstrucción a las investigaciones, coacción durante el proceso en curso y atentado a la soberanía de Brasil.