El gobierno de Estados Unidos ha reafirmado y justificado la legalidad del segundo ataque a una embarcación en el mar Caribe, realizado en septiembre, donde murieron los once ocupantes tras un primer bombardeo. Sin embargo, ha rechazado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, haya impartido tal orden.
En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue interpelada acerca de si se negaba la existencia de este segundo ataque o si Hegseth había ordenado el mismo. “Esto último es cierto”, declaró antes de proceder a leer un comunicado donde se especifica que el jefe del Pentágono “autorizó al almirante (Frank) Bradley a realizar estos ataques”.
La Casa Blanca atribuyó al comandante de Operaciones Especiales de EE.UU. la responsabilidad del fallecimiento de los supervivientes. “El almirante Bradley fue el responsable de ordenar un segundo ataque y contaba con plena autorización para ello”, afirmó Leavitt, quien defendió que “actuó dentro del marco de su autoridad y de la ley, dirigiendo la operación para asegurar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza a Estados Unidos”.
Además, Leavitt añadió que estos narcoterroristas han sido clasificados como organizaciones terroristas extranjeras, y argumentó que “el presidente tiene derecho a eliminarlos si representan una amenaza para Estados Unidos y si transportan narcóticos ilegales que están causando la muerte de nuestros ciudadanos a un ritmo récord, que es precisamente lo que están haciendo”.
También se negó que Hegseth hubiera ordenado que no quedasen supervivientes en los ataques a embarcaciones, aunque reiteró que Trump “tiene autoridad para matar” a los presuntos narcotraficantes. No obstante, fue cuestionada acerca de las leyes que justifican el asesinato de supervivientes, a lo que respondió que el ataque “se realizó en defensa propia para proteger a los estadounidenses y a los intereses vitales de Estados Unidos, en aguas internacionales y conforme al derecho de los conflictos armados”.
Leavitt subrayó la legalidad de la operación, apuntando que “el almirante Bradley actuó de manera correcta, dentro de su autoridad y conforme a la ley que regulaba el ataque, para garantizar la destrucción total del barco y eliminar la amenaza de los terroristas del narcotráfico para Estados Unidos”, y remitió al Departamento de Defensa para “cualquier otra pregunta sobre su razonamiento”.