El gobierno de Estados Unidos ha emitido una acusación formal contra las fuerzas armadas de Sudán del Sur por el asalto y robo a una embarcación cargada con suministros del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en New Fangak, ubicado en el estado de Jonglei. Este incidente se considera parte de un ‘patrón de saqueo cada vez más grave’ en medio de la profunda crisis humanitaria que azota a la nación africana, sin que las autoridades locales hayan ofrecido respuestas a estas acusaciones.
Desde la Embajada de EE.UU. en Yuba, se ha expresado una firme condena hacia la ‘continuada depredación de aquellos que intentan dar ayuda humanitaria vital a sursudaneses en situación de necesidad’. El ataque ocurrió el 7 de septiembre, cuando miembros de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur interceptaron y saquearon la nave, llevándose alimentos y otros bienes destinados a la población civil que enfrenta problemas de inseguridad alimentaria. A pesar de que los bienes robados fueron sustituidos el 20 de septiembre, este acto refleja una creciente tendencia de saqueos y corrupción que afecta las actividades de asistencia en el país.
La embajada estadounidense ha destacado la gravedad de estos hechos, especialmente porque los responsables son quienes deberían garantizar la seguridad nacional. Asimismo, ha instado a las autoridades a que ‘eviten estas acciones y sean socios de aquellos que intentan ayudar al pueblo sursudanés, incluidos los donantes internacionales’ y que ‘creen las condiciones que pongan fin la crisis humanitaria en el país’. También, ha manifestado preocupación por la ‘incapacidad de los socios que prestan asistencia humanitaria para llegar a las poblaciones afectadas por el conflicto en el estado del Alto Nilo, debido a las denegaciones de acceso humanitario por parte de funcionarios del gobierno de transición en zonas con posible riesgo de hambruna’. Se ha hecho un llamado urgente a una intervención humanitaria en estas áreas.
Finalmente, se ha exigido a las autoridades que ‘eliminen inmediatamente los costes y riesgos inaceptablemente altos que amenazan la entrega de ayuda, garanticen el acceso humanitario y empiecen a usar los fondos públicos para hacer frente a las necesidades públicas, lo que incluye apoyar los esfuerzos humanitarios para la respuesta a crisis y el pago de los salarios a empleados públicos y miembros de los servicios de seguridad’. Sudán del Sur se mantiene como uno de los lugares más peligrosos del mundo para los trabajadores humanitarios, con un significativo aumento en el número de secuestros y asesinatos de personal de ONGs internacionales este año, según informa Radio Tamazuj.