Las autoridades de Estados Unidos han puesto en marcha este jueves una amplia investigación sobre la economía de sesenta países, entre ellos la Unión Europea y China, con el objetivo de comprobar si esos gobiernos han adoptado “medidas suficientes” para vetar la entrada de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
“Pese al consenso internacional contra el trabajo forzoso, los gobiernos no han impuesto ni aplicado eficazmente medidas que prohíban la entrada en sus mercados de productos fabricados con trabajo forzoso”, ha señalado el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, en un comunicado difundido por su oficina, que ha impulsado la apertura de estas pesquisas en virtud de la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974.
Convencido de que “durante demasiado tiempo” trabajadores y empresas estadounidenses se han visto “obligados a competir con productores extranjeros que pueden tener una ventaja artificial en los costes” por el “flagelo del trabajo forzoso”, Greer ha expresado su confianza en que la investigación deje claro “cómo el hecho de no erradicar estas prácticas abominables” repercute sobre la economía de Estados Unidos.
El procedimiento tratará de determinar si los “actos, políticas y prácticas” de cada una de las economías supuestamente “relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectiva” de la prohibición de importar productos fabricados con trabajo forzoso resultan “irrazonables o discriminatorias” y constituyen una “carga o restricción” para el comercio estadounidense.
Entre las economías investigadas figuran Argentina, la Unión Europea, China, Brasil, India, Japón, Israel, Canadá, Australia, Rusia, Corea del Sur, Egipto, Reino Unido, México, Hong Kong, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana y Honduras.
A esta lista se añaden Argelia, Angola, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Camboya, Chile, Indonesia, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malasia, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Qatar, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Venezuela y Vietnam.
La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 se centra en las prácticas comerciales desleales de otros países que perjudiquen a Estados Unidos y permite reaccionar frente a conductas consideradas “injustificadas, poco razonables o discriminatorias” por parte de gobiernos extranjeros cuando supongan una “carga o restricción” para el comercio estadounidense.
Tras el arranque de esta investigación, promovida por el propio Greer, deberán solicitarse consultas formales con las economías afectadas, un paso que la oficina del USTR asegura haber iniciado ya. Las audiencias públicas están previstas para el próximo 28 de abril del año en curso, y los interesados deberán remitir sus comentarios por escrito y las peticiones para intervenir en la vista, junto con un resumen de su testimonio, antes del día 15 de ese mismo mes.
En la víspera, el Gobierno de Estados Unidos había comunicado la apertura de otras investigaciones, también amparadas en la misma sección, sobre las “acciones, políticas y prácticas” de China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladés, México, Japón e India. Este procedimiento podría dar pie a que la Administración Trump imponga nuevos gravámenes a las importaciones procedentes de estas economías, después de que el Tribunal Supremo declarase ilegales los “aranceles recíprocos” de abril de 2025.