QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Administración de Donald Trump ha hecho público este martes un nuevo paquete de sanciones contra una presunta estructura internacional dedicada a captar combatientes colombianos para integrarlos en las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la guerra que mantienen contra el Ejército de Sudán, un conflicto iniciado en abril de 2023 que ha precipitado al país africano a una de las peores crisis humanitarias del planeta.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha anunciado medidas punitivas contra cuatro individuos y cuatro compañías, a las que sitúa dentro de una “red transnacional” que “recluta a exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños, para luchar” con las RSF, según detalla un comunicado oficial.
“El Tesoro tiene en la mira a una red que recluta combatientes para las RSF, (que) han demostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños pequeños. Su brutalidad ha profundizado el conflicto y desestabilizado la región, creando las condiciones para la expansión de los grupos terroristas”, ha manifestado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.
Las autoridades estadounidenses han remarcado que desde septiembre de 2024 “cientos de exmilitares colombianos han viajado a Sudán” para sumarse a las filas de las RSF, “aportando” conocimientos tácticos y técnicos, desde el manejo de drones hasta el adiestramiento de menores para el combate, entre otras tareas. Durante este periodo, estos combatientes habrían intervenido en “numerosas” ofensivas en distintas zonas del país, incluida la capital, Jartum.
Washington sostiene que la llegada de estos colombianos al frente sudanés no se habría producido sin el respaldo de “numerosas” personas y empresas, en su mayoría radicadas en Colombia, que facilitarían la logística, la contratación y los flujos financieros.
Empresas y personas señaladas por el Tesoro
Entre los sancionados figura Álvaro Andrés Quijano Becerra, con nacionalidad colombiana e italiana, un militar retirado residente en Emiratos Árabes Unidos al que el Tesoro atribuye “un papel central en el reclutamiento y despliegue de colombianos”. Quijano es cofundador de la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), con sede en Bogotá, señalada como “el principal nodo de reclutamiento”.
Su esposa, Claudia Viviana Oliveros Forero, aparece como propietaria y gerente de A4SI. Según el Departamento del Tesoro, esta firma se apoya en una compañía registrada en Panamá (Global Staffing, ahora Talent Bridge) para “minimizar su exposición legal y ocultar los vínculos entre A4SI y la empresa que contrata a los combatientes colombianos”. Oliveros desempeñó además los cargos de presidenta y tesorera de Global Staffing.
La OFAC incluye también en su listado a la agencia de empleo Maine Global Corp, con sede en Bogotá y dirigida por Mateo Andrés Duque Botero, de nacionalidad española y colombiana. De acuerdo con Washington, la empresa se encarga de gestionar y distribuir fondos con el apoyo de compañías estadounidenses, participando en el pago de nóminas y en operaciones de cambio de divisas. El Tesoro extiende las sanciones a su gerente suplente, Mónica Muñoz Ucros, quien también está al frente de la Comercializadora San Benito, utilizada para realizar transferencias bancarias con una firma estadounidense vinculada a Duque.
Un conflicto que hunde la transición democrática en Sudán
La guerra civil en Sudán estalló por las profundas discrepancias sobre el proceso de integración del grupo paramilitar en el seno del Ejército regular, lo que acabó descarrilando la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir. Ese frágil proceso ya había quedado gravemente tocado tras la asonada militar que depuso en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
El enfrentamiento, en el que intervienen diversos países respaldando a las partes en conflicto, ha empujado a Sudán a una crisis humanitaria de dimensiones extremas, con millones de desplazados internos y refugiados, y con la comunidad internacional alarmada por la expansión de enfermedades y la destrucción de infraestructuras esenciales. Estos daños dificultan la asistencia a cientos de miles de personas afectadas por la guerra.
