Estados Unidos ha dado luz verde a Repsol y a otras grandes compañías energéticas a reanudar actividades en el sector petrolero y de gas en Venezuela mediante la emisión de la denominada 'General License No. 50'. Esta autorización permite realizar transacciones que, bajo el actual régimen de sanciones a Venezuela, estarían normalmente prohibidas si implican al Gobierno venezolano, a Petróleos de Venezuela (PdVSA) o a entidades controladas por PdVSA.
La licencia incorpora condiciones estrictas para preservar la supervisión financiera y legal por parte de Estados Unidos. Los contratos con el Gobierno venezolano, PdVSA o entidades vinculadas deben someterse a la ley estadounidense y prever que cualquier disputa se resolverá en tribunales de Estados Unidos.
En materia de pagos, cualquier transferencia de fondos a personas o entidades bloqueadas, salvo impuestos, permisos o tasas locales, deberá depositarse en el Foreign Government Deposit Funds, un mecanismo supervisado que remite a la Orden Ejecutiva 14373, o en la cuenta que designe el Departamento del Tesoro. La licencia subraya que impuestos y regalías asociados al petróleo y el gas también deben canalizarse a través de este esquema de depósito.
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Se prohíben transacciones a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China
El texto aclara expresamente qué no queda autorizado: no se permiten condiciones de pago no “comercialmente razonables”, ni esquemas como canjes de deuda, pagos en oro, ni transacciones denominadas en criptomonedas emitidas por o para el Gobierno venezolano (incluido el “petro”). Además, se prohíben transacciones que involucren a personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, o joint ventures con ellas, así como operaciones con buques incluidos en la lista de bloqueo.
La licencia también establece obligaciones estrictas de reporte para quienes operen bajo su amparo. Las empresas deben presentar informes detallados identificando a las partes involucradas, describiendo las transacciones (incluyendo cantidades, valores y fechas) y especificando los impuestos, tasas u otros pagos entregados al Gobierno venezolano. El primer informe debe presentarse dentro de los diez días siguientes a la primera transacción, y posteriormente cada 90 días mientras continúen las operaciones.
Esta medida forma parte de un giro más amplio de Washington hacia la flexibilización de ciertas restricciones sobre el sector energético venezolano, con el objetivo de permitir actividad e inversión bajo condiciones de supervisión y control de los flujos de fondos hacia entidades sancionadas.