EEUU declara terrorista al Clan del Golfo, la poderosa banda criminal colombiana

EEUU declara al Clan del Golfo organización terrorista extranjera tras su reciente acuerdo de reubicación y acciones humanitarias con el Gobierno colombiano.

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La Administración de Donald Trump ha comunicado este martes que ha clasificado al Clan del Golfo, una de las principales bandas criminales de Colombia, como organización terrorista extranjera. Este grupo mantiene actualmente contactos con el Gobierno colombiano dentro de la política de “paz total” impulsada por Gustavo Petro.

“Hoy, el Departamento de Estado está designando al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado”, reza un comunicado publicado por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, a través de la página web de su oficina.

Washington describe a este grupo con base en Colombia como “una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros”, cuya “principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”. “Es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, militares y civiles en Colombia”, ha dicho.

En la misma nota, Rubio ha remarcado que “Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger” al país y “detener las campañas de violencia y terrorismo perpetradas por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”. “Nos comprometemos a negar la financiación y los recursos a estos terroristas”, ha concluido.

La decisión se conoce apenas diez días después de que el Gobierno de Bogotá y el grupo criminal, que también se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, pactaran en Doha, capital de Qatar, la puesta en marcha desde marzo de tres zonas temporales para la “reubicación progresiva” de sus combatientes. El acuerdo incluye la “suspensión” de la ejecución de órdenes de captura, así como de aquellas dictadas con fines de extradición.

Además, las partes convinieron —con el acompañamiento de un grupo de cinco países mediadores, entre ellos España— llevar a cabo “acciones humanitarias” específicas para establecer “las condiciones de salud de los integrantes del grupo armado en centros penitenciarios dentro y fuera del país”.