El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha responsabilizado a las autoridades chinas de intentar “silenciar” a activistas de Derechos Humanos, después de que un tribunal de Hong Kong haya declarado culpable al empresario de medios y destacado opositor Jimmy Lai por delitos de sedición y conspiración contra las autoridades, cargos por los que se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua.
“El veredicto de culpabilidad en el caso de seguridad nacional de Lai refleja la aplicación de las leyes de Pekín para silenciar a quienes buscan proteger la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, derechos que China se comprometió a defender en la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984”, ha declarado en un breve comunicado, incidiendo en el que el líder opositor “no es el único que enfrenta sanciones por defender estos derechos”.
El fallo también alcanza al diario 'Apple Daily', tras un proceso judicial que se ha prolongado durante dos años y que ha generado controversia tanto dentro como fuera de Hong Kong. De acuerdo con la sentencia, tanto Lai como su grupo mediático habrían servido para facilitar la “injerencia” de gobiernos extranjeros y “ejercer presión” para que estos adoptaran sanciones contra las autoridades de China y Hong Kong.
El responsable de la diplomacia estadounidense ha reclamado a las autoridades chinas la puesta en libertad “lo antes posible” de Lai, de 78 años, apelando a “razones humanitarias” y a su salud “gravemente deteriorada” tras más de 1.800 días entre rejas.
En la misma línea, la organización Human Rights Watch, defensora de los Derechos Humanos y que también exige la excarcelación “inmediata” del disidente, ha subrayado que Lai ha permanecido largos periodos en aislamiento, “una forma de tortura”, y que sufre diabetes. Sus familiares añaden que padece dolencias cardiacas y signos de deterioro físico.
El opositor permanece en prisión desde su arresto en diciembre de 2020, llevado a cabo al amparo de la polémica ley de seguridad nacional impulsada desde Pekín, que tipifica como delito la sedición y la injerencia extranjera en Hong Kong.
En abril de 2021, Lai fue sentenciado a 5 años y 9 meses de cárcel por fraude y por su implicación en una manifestación no autorizada, causa que acabó igualmente con penas de prisión para otros destacados miembros de la oposición.
Con el paso del tiempo, Lai se ha consolidado como uno de los principales emblemas de la represión contra la disidencia política en Hong Kong, donde aún resuenan las protestas multitudinarias contra el Ejecutivo de Carrie Lam iniciadas en 2019, las mayores movilizaciones desde la transferencia de soberanía del territorio de Reino Unido a China en 1997.