El Gobierno de Estados Unidos ha comunicado este martes que pondrá fin al estatus de protección temporal concedido a los migrantes somalíes, una decisión que llega en plena polémica por los casos de fraude detectados en Minnesota y el refuerzo de la presencia de agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en ese estado para intensificar las redadas contra personas en situación irregular.
“Las condiciones en Somalia han mejorado hasta el punto de que ya no se cumple el requisito legal del estatus de protección temporal”, ha indicado la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en declaraciones a la cadena Fox difundidas por la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X.
Noem ha subrayado además que “permitir que los ciudadanos somalíes permanezcan de forma temporal en Estados Unidos es contrario” a los “intereses nacionales”. “Para nosotros, los estadounidenses son nuestra prioridad”, ha aseverado.
De acuerdo con los datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), en el país residen más de 2.400 somalíes amparados por este estatus, creado en 1991 a raíz del estallido de la guerra civil en Somalia y prorrogado posteriormente durante el mandato del expresidente Joe Biden.
Las autoridades de Minnesota mantienen abierta una investigación sobre una presunta trama de esquemas fraudulentos, en muchos casos vinculados a la diáspora somalí, mediante la cual cientos de personas habrían amasado fortunas al constituir empresas que facturaban a agencias federales millones de dólares por servicios sociales que nunca llegaron a prestarse.
Estos programas estaban destinados, entre otros fines, al suministro de comida en centros escolares, la prestación de apoyo a menores con autismo o la atención sanitaria a beneficiarios vulnerables de Medicaid. El fiscal federal Joe Thomspon estimó que el volumen total de fondos federales malversados podría superar los 9.000 millones de dólares.
El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, se ha visto sometido a una fuerte presión política y mediática por su actuación ante la oleada de casos de fraude detectados en el estado. En ese contexto de críticas, anunció que retiraba su candidatura para optar a la reelección.
Paralelamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos analiza si una parte del dinero aportado por los contribuyentes pudo haber terminado en manos del grupo terrorista Al Shabaab, en un clima de tensión marcado por las denuncias de dirigentes demócratas sobre el incremento de los discursos de odio y las presiones contra la comunidad somalí.
La Administración Trump ha utilizado los escándalos de fraude relacionados con la comunidad somalí para apuntalar su discurso antimigración y justificar el despliegue de cientos de agentes del ICE, una medida que ha provocado multitudinarias protestas tanto en Minnesota como en otros estados del país, intensificadas tras la muerte de una mujer en Minneapolis a manos de un agente de dicha agencia.