El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que vuelve a poner en marcha la distribución de ayuda alimentaria en Somalia, pocas semanas después de haber paralizado estos envíos al denunciar un supuesto ataque contra un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Mogadiscio. Las autoridades somalíes negaron que se tratara de un asalto y explicaron que el movimiento de los bienes se debía a obras de remodelación en la zona.
El Ministerio de Exteriores somalí aseguró el martes que todos los suministros del almacén fueron devueltos al organismo y asumió su “responsabilidad total” en lo sucedido, antes de agregar que las autoridades trabajan para dar al PMA “un almacén más adecuado” en la zona “para garantizar una entrega continuada, segura e ininterrumpida de la ayuda humanitaria”.
Tras este pronunciamiento, la oficina para Asistencia Extranjera, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos celebró que el Ejecutivo somalí “asumiera la responsabilidad por sus acciones, que afectaron a las operaciones del PMA, incluida la asistencia financiada por Estados Unidos”.
En su nota, el organismo indicó que el mensaje de Mogadiscio permite a Washington “reiniciar la distribución de ayuda del PMA mientras se sigue revisando la postura general de entrega de asistencia en Somalia”.
“La Administración (del presidente estadounidense, Donald) Trump mantiene una política de tolerancia cero con el despilfarro, el robo o la malversación de recursos estadounidenses”, ha zanjado la oficina a través de un comunicado publicado en redes sociales.
Estados Unidos había suspendido su ayuda a Somalia tras denunciar un ataque contra la citada instalación y las informaciones sobre el robo de los suministros, acusando a funcionarios somalíes de hacerse con 76 toneladas de ayuda “financiada por donantes” y “destinad a somalíes vulnerables”.
Washington ya había advertido de que cualquier reanudación de la ayuda estaría condicionada a que Mogadiscio asumiera su responsabilidad. El Gobierno somalí alegó inicialmente que la demolición del almacén formaba parte de unos “trabajos de expansión” en el área portuaria, aunque finalmente el martes reconoció su responsabilidad en la mala gestión de la situación.
“El Gobierno revisará las circunstancias en torno a este asunto y dará pasos para mejorar los mecanismos de comunicación para ayudar a evitar problemas similares en el futuro”, sostuvo el Ministerio de Exteriores de Somalia, que mostró su “total compromiso con los principios humanitarios, la transparencia y la rendición de cuentas”.
PETICIÓN DE FONDOS
En paralelo a esta controversia, el Gobierno de Somalia, Naciones Unidas y sus socios humanitarios han presentado el Plan de Necesidades y Respuesta Humanitaria para el país, con el que pretenden reunir 852 millones de dólares (unos 712 millones de euros) para asistir a 2,4 millones de personas en 2026.
“La comunidad humanitaria en Somalia se encuentra en una encrucijada crítica, ya que las reducciones de financiación sin precedentes han limitado significativamente la capacidad colectiva para brindar asistencia esencial y vital”, afirmó el coordinador humanitario de la ONU para Somalia, George Conway.
“En algunas zonas del país, la presencia humanitaria ha disminuido en un momento en que las necesidades siguen siendo elevadas, lo que aumenta el riesgo de pérdida de vidas”, alertó, aludiendo a la grave crisis que afronta Somalia, agravada por una sequía prolongada, la violencia y los brotes de enfermedades.
Las proyecciones indican que 4,8 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en 2026, un 20% menos que en 2025. Aun así, el jefe de la Agencia de Gestión de Desastres de Somalia, Mohamud Moallim, subrayó que el plan “es lanzado en un momento crítico, dado que Somalia hace frente a una profundización de la sequía tras varias temporadas fallidas de lluvias”.
“Las fuentes de agua se han agotado, los pastizales se han degradado, los medios de vida se han visto erosionados y millones de personas se ven empujadas a una grave inseguridad alimentaria y al desplazamiento”, señaló Moallim, quien hizo hincapié en que “la magnitud de esta crisis exige una respuesta inmediata, coordinada y vital”.
El documento de prioridades humanitarias establece que, ante la escasez de recursos, se dará prioridad a 1,6 millones de personas que viven en las condiciones más extremas en 21 distritos catalogados como de alto riesgo, con el objetivo de “salvar vidas” y “aliviar el sufrimiento” mediante el suministro de servicios básicos, protección y apoyo a los hogares para que puedan cubrir sus necesidades esenciales.