El Gobierno de Estados Unidos ha reconocido que se apoyó por “error” en un memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para respaldar arrestos efectuados en juzgados de inmigración, en el contexto de la demanda presentada por organizaciones de derechos civiles que persiguen frenar esta práctica.
En este procedimiento, el Departamento de Justicia sostuvo durante el último año que el citado memorando del ICE, fechado en mayo de 2025 y que recoge la justificación de la agencia para las detenciones civiles de migrantes en sedes judiciales, era aplicable a los tribunales de inmigración. No obstante, según han indicado ahora sus abogados, el propio Servicio de Inmigración sostiene que nunca se aplicó a dichos tribunales, un giro que los letrados del Gobierno atribuyen a una aclaración posterior del representante legal del ICE.
Ante esta situación, el equipo jurídico del Departamento de Justicia ha expresado “profundamente”, según el escrito judicial citado por Bloomberg, “que este error haya salido a la luz en esta etapa tardía, después de que las partes hayan invertido importantes recursos y tiempo en este litigio y este tribunal haya considerado cuidadosamente la impugnación de los demandantes a la guía del ICE de 2025”.
“Sin embargo, este error no se debió a falta de diligencia ni cuidado por parte de los abogados abajo firmantes”, añaden los letrados, que subrayan que contaban con la autorización de un representante legal del ICE antes de registrar sus escritos y formular sus argumentos ante el tribunal.
Como resultado de este cambio, la oficina de la Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan comunicó en una carta presentada en la noche del martes, también citada por Bloomberg, que retirará los razonamientos expuestos durante el último año en defensa de las detenciones de migrantes en juzgados de inmigración, al estar basados en las directrices de ICE de mayo de 2025.
Además, la fiscalía ha indicado al juez de distrito Kevin Castel que deberá “reconsiderar y revisar nuevamente” la resolución que adoptó en septiembre de 2025, cuando rechazó la petición de los demandantes para suspender de forma temporal la política de arrestos en tribunales de inmigración mientras continuaba el litigio.
Por su parte, los abogados de las organizaciones demandantes han señalado en una carta hecha pública este miércoles que la “extraordinaria” admisión del Gobierno podría tener efectos “de gran alcance”, al recordar que el magistrado basó su decisión de entonces en las manifestaciones del Gobierno de las que ahora se ha desdicho.