EEUU se opone a la anexión de Cisjordania tras el nuevo plan israelí sobre el territorio palestino

La Casa Blanca reitera que Trump rechaza la anexión de Cisjordania tras la reforma israelí que amplía competencias civiles y de seguridad en el territorio.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

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La Casa Blanca ha vuelto a expresar el rechazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que Israel lleve a cabo una anexión de Cisjordania, después de que el gabinete de seguridad israelí aprobara el domingo una reforma de la gestión administrativa de este territorio palestino. El plan amplía las atribuciones para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar tierras y asumir el mantenimiento y funcionamiento de espacios religiosos.

“El presidente Trump ha afirmado claramente que no apoya que Israel anexione Cisjordania”, ha señalado una portavoz de la Casa Blanca en declaraciones facilitadas a Europa Press. “Una Cisjordania estable mantiene a Israel seguro y va en línea con el objetivo de estado Administración de lograr la paz en la región”, ha añadido, evitando pronunciarse de forma directa sobre la decisión concreta adoptada por el gabinete de seguridad israelí.

La reforma ha sido duramente rechazada por la Autoridad Palestina y por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y provocó el lunes una respuesta coordinada de ocho países, entre ellos Arabia Saudí, Jordania, Egipto y Qatar. En un comunicado conjunto, estos Estados calificaron de “ilegal” la medida y subrayaron que “Israel no tiene soberanía en los Territorios Palestinos Ocupados”, por lo que consideran que la decisión constituye “una violación flagrante del Derecho Internacional” y “socava la solución de dos Estados”.

Los ministros de Finanzas y Defensa de Israel, Bezalel Smotrich e Israel Katz, subrayaron el domingo que la reforma implica un cambio “dramático” en Cisjordania. Entre otras cuestiones, contempla que las autoridades israelíes asuman las competencias sobre el territorio y las licencias de construcción en la ciudad de Hebrón, alterando el sistema vigente desde 1997, que establecía que cualquier nueva edificación debía contar con el visto bueno tanto de las instituciones palestinas como de las israelíes.

El proyecto prevé igualmente la publicación de los registros de propiedad de la tierra en Cisjordania, de forma que cualquier persona pueda identificar a las propietarias de una parcela y presentarles una oferta de compra, un dato que hasta ahora era confidencial. Además, deroga una norma heredada de la etapa en la que Jordania controlaba Cisjordania y que impedía a personas no musulmanas adquirir terrenos en la zona, y crea una “autoridad municipal específica” para la gestión de la Tumba de Raquel, en Belén, encargada de las labores de limpieza y mantenimiento del enclave.

Por otro lado, la iniciativa amplía las competencias de seguridad en las zonas A y B definidas en los Acuerdos de Oslo, que contemplaban un control civil palestino (A) y un control mixto (B). El cambio afecta a ámbitos como la gestión de recursos hídricos, los daños en yacimientos arqueológicos y los perjuicios ambientales o la contaminación, en un contexto en el que los países de la región han reclamado evitar medidas unilaterales para apuntalar el alto el fuego en Gaza y avanzar en la aplicación de la propuesta de Trump para la Franja.