El Gobierno del Reino Unido ha lanzado una nueva política migratoria este lunes, que contempla la eliminación de beneficios para los solicitantes de asilo y promueve su expulsión. Esta medida ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones pro-migrantes y algunos miembros del Partido Laborista, que actualmente está en el poder.
Shabana Mahmood, ministra del Interior, argumentó en la Cámara de los Comunes la necesidad de imponer estas restricciones afirmando que “los británicos creen que el sistema (de asilo) está descontrolado y es injusto”. “Lo creen porque es así”, añadió Mahmood durante su intervención.
Mahmood destacó la “absurda” situación del sistema actual, mencionando el caso de un solicitante que, pese a poder costearse un Audi, recibía una vivienda y 800 libras mensuales de ayuda. “Vamos a eliminar la obligación de apoyar a quienes pueden trabajar. Está bien que quienes reciban apoyo lo paguen, si pueden, para que quienes tengan ingresos o bienes contribuyan a sufragar el coste de su estancia”, explicó.
La propuesta, un documento de 32 páginas, menciona que las ayudas serán “discreccionales” y que la situación de cada refugiado será revisada cada dos años y medio durante un periodo de 20 años, durante los cuales no podrán solicitar residencia permanente.
“Vamos a eliminar la obligación legal actual de dar ayudas a solicitantes de asilo que no tengan otros ingresos, una obligación instaurada en 2005 para aplicar la legislación de la UE que ya no es obligatoria para Reino Unido”, advierte el documento. Además, se condicionará la ayuda al cumplimiento de la ley del Reino Unido por parte de los solicitantes. “Vamos a castigar a quienes se aprovechan de nuestra generosidad”, subraya.
El Centro de Derechos Laborales británico ha expresado su preocupación por estos cambios, que “son un regalo para traficantes y explotadores”, según Dora-Olivia Vicol, directora de la ONG. Vicol añadió que la revisión continua de la situación de los solicitantes dificulta que consigan empleos estables, empujándolos hacia trabajos precarios.
Además, la reforma busca aumentar las expulsiones de solicitantes cuyas peticiones hayan sido rechazadas y promueve la detención y expulsión forzosa de inmigrantes, incluyendo menores. “El Gobierno ofrecerá a todas las familias apoyo económico para que puedan volver a su país. Si lo rechazan, pasaremos a una devolución forzosa. Se abrirá un proceso para la expulsión forzosa de familias, incluidos menores”, detalla el plan.
Asimismo, el documento plantea reanudar las expulsiones hacia países como Siria y endurece las condiciones para la reunificación familiar, que ya no será automática.