QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ejecutivo de Ecuador comunicó este domingo que las circunstancias actuales impiden seguir adelante con las negociaciones con los grupos indígenas tras las tensiones derivadas de la eliminación del subsidio al diésel. A pesar de un acuerdo inicial para cesar las manifestaciones en Imbabura, el gobierno ha decidido que “actuará con firmeza”.
“El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo ante las pretensiones de imposiciones establecidas por ciertos sectores de organismos y movimientos indígenas”, se lee en el comunicado emitido a través de la red social X por el Ministerio de Gobierno.
Desde la cartera gubernamental se ha valorado que las demandas presentadas, que no fueron especificadas, “alteran los términos previamente acordados, cambian los actores que intervenían en el diálogo y vulneran los compromisos construidos con responsabilidad y buena fe en anteriores encuentros”.
La administración liderada por Daniel Noboa ha enfatizado que “las vías no han sido despejadas, los manifestantes no se han retirado y mantienen acciones violentas”, y ha expresado su decepción por el incumplimiento de lo pactado.
“El Gobierno no aceptará presiones, ni chantajes; actuará con firmeza, dentro del marco de la ley, para garantizar los derechos de la mayoría de ecuatorianos que quieren vivir en paz”, concluye el comunicado.
El acuerdo del pasado miércoles se logró tras un encuentro entre el ministro de interior, John Reimberg, y representantes de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte de Ecuador (FICI) y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), aunque sin la participación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), principal organizadora de las protestas. Este pacto proponía, entre otras medidas, la creación de mesas técnicas territoriales y el traslado de 12 detenidos.
Las manifestaciones, que comenzaron el 21 de septiembre, han tenido mayor incidencia en Imbabura, pero también se han extendido a otras localidades. La respuesta gubernamental incluyó la movilización del Ejército y ha resultado en enfrentamientos con al menos un comunero indígena fallecido, una situación que podría recrudecerse tras la ruptura del diálogo.
