Tras intensas negociaciones, el Gobierno ecuatoriano ha logrado un acuerdo con líderes indígenas que pone fin a la huelga en la provincia de Imbabura, provocada por la supresión del subsidio al diésel. Este conflicto ha durado más de 20 días y ha resultado en enfrentamientos con las fuerzas del orden, dejando múltiples heridos y detenidos.
“Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías, hoy vamos a trabajar inmediatamente en abastecer la provincia de todas las necesidades que tiene”, confirmó John Reimberg, ministro del Interior, después de un encuentro que duró más de cuatro horas con representantes de los 58 cabildos indígenas de Otavalo, en el norte del país.
En la reunión también participaron miembros de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte de Ecuador (FICI) y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), aunque no se contó con la presencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
La CONAIE ha denunciado a través de la red social X una “campaña de desinformación malintencionada que busca confundir al país y debilitar la lucha del movimiento indígena”, refiriéndose a una imagen que circula donde se ve a su presidente, Marlon Vargas, con Reimberg. “Circula una imagen falsa generada con inteligencia artificial. El presidente de la CONAIE no se ha reunido con el Gobierno ni con ningún representante oficial. Toda información veraz se comunica únicamente a través de nuestros canales oficiales”, aclararon desde la organización.
El acuerdo, según el periódico ‘Primicias’, incluye la designación del párroco de San Francisco de Otavalo, Cristian Andrade, como garante del cumplimiento del pacto. Las cláusulas del acuerdo abarcan la creación de mesas técnicas para tratar temas de las comunidades, como el suministro de agua o las infraestructuras viales, salud y educación; el traslado a Ibarra de 12 detenidos por el ataque a un cuartel de la Policía de Otavalo en la primera semana del paro; y la apertura de las carreteras.
Los líderes indígenas también han propuesto alternativas a la eliminación del subsidio al diésel. “Por lo menos que se congele el precio del combustible”, sugirió uno de ellos, exigiendo a las autoridades que hagan rendir cuentas a los responsables “del asesinato de nuestros compañeros”.