La representación legal del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostiene que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está “interfiriendo” en la posibilidad del dirigente, detenido por las autoridades estadounidenses, de “contratar un abogado” al negar una licencia ligada a las sanciones contra Venezuela que permitiría a Caracas abonar los honorarios de su defensa.
En una carta remitida al magistrado Alvin Hellerstein, encargado del caso, el abogado Barry Pollack recuerda que “durante la comparecencia inicial y la lectura de cargos, el Tribunal solicitó a la Fiscalía de Estados Unidos que colaborara con los abogados defensores en relación con las licencias de la OFAC para garantizar que los abogados puedan representar a sus clientes con celo y de manera plena”.
Pollack detalla que el pasado 7 de enero los abogados de Maduro y de su esposa, la primera dama Cilia Flores, presentaron ante la OFAC “solicitudes de licencia (que) buscaban específicamente la autorización para representar a sus respectivos clientes y aceptar fondos del gobierno de Venezuela para sus respectivas representaciones”, en línea con lo previsto en la normativa venezolana.
Según el relato del letrado, dos días después “la OFAC otorgó ambas licencias”. “Sin embargo, menos de tres horas después, la OFAC, de oficio y sin dar explicaciones, modificó la licencia relacionada con la representación de Maduro”, ha indicado, precisando que la nueva redacción “no autoriza el cobro de costas de defensa por parte del Gobierno de Venezuela”.
El abogado contrasta este cambio con el hecho de que, en las últimas semanas, la oficina del Tesoro haya concedido “varias licencias que permiten a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones comerciales con el Gobierno de Venezuela o entidades estatales venezolanas, en las que la denegación de la licencia carecería de validez constitucional”. A pesar de que la defensa de Maduro reclamó el 11 de febrero que se restaurara la licencia original, la OFAC “no ha respondido” a esa gestión.
En su escrito, la defensa expuso que “el Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios de Maduro, que éste tiene la expectativa legítima de que el Gobierno venezolano lo haría y que, de otra manera, no puede costear un abogado”, insiste Pollack. Por ello afirma que, “al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa de Maduro, la OFAC está interfiriendo con la capacidad de Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, conforme a la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección”.
“El abogado que suscribe ha hablado con los fiscales federales adjuntos asignados a este caso para informarles sobre estos hechos”, recoge la misiva, en la que Pollack puntualiza que “no solicita actualmente ninguna medida cautelar ante el Tribunal, sino que simplemente desea informar” al juez sobre la situación creada por la modificación de la licencia.
En cualquier caso, adelanta que “si la OFAC no atiende la solicitud de restitución de la licencia original o la deniega, Maduro presentará una moción formal en los próximos días solicitando dicha medida”, y añade que “si el Tribunal prefiere discutir este asunto con las partes antes de presentar las mociones”, la defensa del dirigente venezolano estará “a su disposición cuando le sea conveniente”.
Nicolás Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero durante una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos. Tras la operación, el presidente y la primera dama fueron trasladados a Nueva York, donde permanecen encarcelados. El mandatario, acusado de delitos vinculados al narcotráfico, se declaró no culpable ante un tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano ha reclamado esta semana su liberación y la de Flores, en palabras de su titular, Yván Gil, que ha reivindicado a Maduro como “presidente constitucional” del país.