El bloqueo demócrata en el Senado deja al Departamento de Seguridad Nacional al borde del cierre

El Senado de EE.UU. bloquea la financiación del DHS, lo que acerca su cierre y reabre el debate por las redadas antimigración y el uso de la fuerza.

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La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

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El Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, ha rechazado este jueves una moción destinada a sacar adelante un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el punto de mira por las redadas antimigración llevadas a cabo por las agencias federales. Esta negativa sitúa al organismo ante un posible cierre a partir de este sábado.

En la votación, los demócratas han logrado frenar una propuesta del Partido Republicano que habría garantizado fondos al Departamento encabezado por Kristi Noem durante dos semanas adicionales. La iniciativa obtuvo 52 votos a favor y 47 en contra, por debajo del umbral mínimo de 60 apoyos exigido en la Cámara Alta para superar este trámite.

De producirse, el cierre tendría un impacto menor que el del cierre de Gobierno del año pasado, que marcó un récord de 43 días, pero afectaría aun así a más de 260.000 empleados federales, según informa el diario “The Hill”.

Los senadores han optado por esta vía al considerar insuficiente la propuesta de la Casa Blanca para modificar las operaciones de control migratorio, presentada tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en Minneapolis, en el contexto de las redadas contra migrantes en esta ciudad del estado de Minnesota.

Entre sus exigencias, reclaman la implantación de estándares universales sobre el uso de la fuerza para estos agentes, la regulación del empleo obligatorio de cámaras corporales en los uniformes y la prohibición del uso de máscaras que oculten su identidad.

Además, plantean poner fin a las patrullas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y obligar a los funcionarios a contar con una orden de allanamiento antes de acceder a la vivienda de cualquier sospechoso.