La trayectoria del campo de detención de Al Hol, en el noreste de Siria, se da por concluida después de que este domingo fueran evacuados los últimos 1.000 familiares de miembros de la organización yihadista Estado Islámico. Se trata en su mayoría de mujeres y menores que residían en un centro de internamiento que, en su momento álgido la pasada década, llegó a concentrar a casi 75.000 personas en condiciones calificadas de aterradoras por los organismos humanitarios internacionales.
Gonzalo Vargas Llosa, representante para Siria de la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, ha acompañado a este último contingente hasta el nuevo campamento de Ak Burhan, ubicado en las afueras de la ciudad de Akhtarin (gobernación de Aleppo). Con este traslado se culmina el cambio de manos en la custodia de los familiares, que pasa de las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) al Gobierno sirio encabezado por el presidente Ahmed al Shara, en un contexto de complejos procesos de repatriación, sobre todo hacia Irak.
Estado Islámico se apoderó a comienzos de 2014 del campamento de Al Hol durante su ofensiva relámpago, con la que logró controlar amplias zonas del país. Tras ser expulsados por las FDS en noviembre de 2015, el recinto volvió a abrir en abril de 2016 para recibir a refugiados iraquíes. Aunque en 2018 albergaba alrededor de 10.000 personas, entre diciembre de ese año y marzo de 2019 la población se disparó hasta las 73.000 tras la caída en manos de las FDS de la ciudad de Baghuz, el último bastión de Estado Islámico en Siria.
Esta semana, Save the Children ha reclamado un seguimiento permanente para quienes han salido de Al Hol, con especial atención a los menores. “El vaciado de Al Hol marca el fin de un sitio físico, pero no el fin de la responsabilidad. Los niños que han abandonado el campamento deben recibir apoyo para reintegrarse adecuadamente a la sociedad con acceso a servicios de protección infantil, ya sea en Siria o, si son repatriados, en sus países de origen”, ha pedido la directora la ONG para Siria, Rasha Muhrez.
Un futuro incierto para los repatriados
En paralelo, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado estos días de los riesgos que afrontan casi 6.000 detenidos con presuntos vínculos con Estado Islámico que han sido trasladados a Irak en vuelos del Ejército estadounidense. Una vez en territorio iraquí, “corren el riesgo de ser arrestados, desaparición forzada, juicios injustos, tortura, malos tratos y violaciones del derecho a la vida”.
“Independientemente de su afiliación o presuntas acciones, estos detenidos han permanecido recluidos durante años sin el debido proceso, y ahora se encuentran recluidos en otro país sin las debidas garantías”, ha declarado Sarah Sanbar, investigadora sobre Irak de Human Rights Watch. “Las víctimas de los crímenes de Estado Islámico merecen justicia genuina, y para eso hacen falta juicios justos para los acusados”.
HRW recuerda que la última ocasión en la que Irak celebró juicios por terrorismo a gran escala fue en 2018-2019, tras la recuperación por parte de las fuerzas gubernamentales de los territorios dominados por Estado Islámico. La organización denuncia que las autoridades detuvieron entonces a decenas de miles de hombres sometidos a procesos que vulneraron gravemente sus derechos: muchos recibieron condenas a muerte tras vistas de apenas 10 minutos, sin asistencia letrada y basadas únicamente en el testimonio de un informante anónimo o en confesiones arrancadas bajo tortura.
Más de 20.000 desaparecidos en el caos de la evacuación
Las autoridades sirias deben afrontar ahora el interrogante planteado por una investigación difundida esta semana por el diario “Wall Street Journal”: el destino de hasta 20.000 residentes del campo que habrían desaparecido durante las operaciones de evacuación y en medio del caos generado por los combates de principios de año entre el Ejército sirio y las FDS. Estos enfrentamientos concluyeron con un frágil pacto de integración y traspaso de competencias, entre ellas la gestión del campamento.
La investigación cita a expertos de agencias de Inteligencia de Estados Unidos, que estiman que entre 15.000 y 20.000 personas, incluidos afiliados a Estado Islámico, se encuentran ahora en paradero desconocido dentro de Siria.
Fuentes del Gobierno sirio aseguraron al “WSJ” que la responsabilidad recae en las FDS, a las que acusan de abandonar el recinto durante la ofensiva de enero, dejar las instalaciones sin vigilancia durante horas y entorpecer la labor del Ejército sirio para recuperar el control. Los kurdos, por su parte, justifican su retirada por la inacción de la comunidad internacional, a la que llevan años reclamando ayuda para gestionar la que llegó a ser una inmensa ciudad de tiendas de campaña, ahora incendiada deliberadamente para facilitar su desmantelamiento.