El Congreso Nacional de Honduras ha decidido apartar temporalmente de su cargo al fiscal general, Johel Zelaya, una medida que despeja el camino para someterle a un juicio político por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, tal y como han expuesto varios diputados.
La votación, que salió adelante con 93 apoyos, activa de forma oficial el procedimiento legislativo para depurar posibles responsabilidades políticas del fiscal general, en un contexto de creciente polarización en el hemiciclo, según recoge el diario hondureño “La Prensa”.
“No tengo miedo. Tengo fe, tengo principios y tengo el compromiso de seguir adelante, con dignidad y lealtad al pueblo hondureño”, ha manifestado Zelaya en un mensaje difundido en redes sociales. Además, ha asegurado que encara este escenario “con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley”.
La Comisión Especial del Juicio Político contra el Fiscal General --constituida de forma específica para atender este expediente-- está formada por los diputados Mario Pérez, Jorge Cálix, Antonio Rivera, Luz Ernestina Mejía, Kilvett Bertrand, Francis Cabrera, María José Sosa, Alex Berríos y Éder Leonel Mejía.
De acuerdo con la acusación, durante su mandato y, en particular, en el contexto del proceso electoral, incluyendo los días previos a las elecciones generales de 2025, la Fiscalía “realizó diversas acciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)”.
El presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, fue el encargado de comunicar la decisión tras una sesión marcada por un notable incremento de la tensión. Ha subrayado que se trata de la primera ocasión en la historia del país en la que se admite a trámite un juicio político y se suspende a un alto funcionario para su desarrollo.
Mientras avance el procedimiento, será Marcio Cabañas quien quede al frente del Ministerio Público, al ser el actual fiscal general adjunto. Asimismo, está previsto que los legisladores estudien en las próximas sesiones otras denuncias que afectan a distintos altos cargos del Estado, entre ellos el consejero del CNE Marlon Ochoa.