El Congreso Nacional de Honduras ha aprobado la destitución definitiva del fiscal general, Johel Zelaya, al término de un juicio político impulsado por su presunta participación en irregularidades en el ejercicio de sus funciones, tal y como venían denunciando diversos diputados hondureños.
Tras la lectura del informe final elaborado por la Comisión Especial de Juicio Político, la Cámara ha decidido cesar a Zelaya con 93 votos favorables. Durante la sesión, el fiscal presentó sin éxito un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa que regula este mecanismo de destitución, además de una nota en la que comunicaba su renuncia a comparecer ante el pleno.
La Comisión Especial del Juicio Político contra el Fiscal General, constituida de forma específica para este procedimiento, está integrada por los diputados Mario Pérez, Jorge Cálix, Antonio Rivera, Luz Ernestina Mejía, Kilvett Bertrand, Francis Cabrera, María José Sosa, Alex Berríos y Éder Leonel Mejía.
Según la acusación, durante su mandato y, en particular, en el contexto del proceso electoral, incluyendo los días previos a las elecciones generales de 2025, la Fiscalía "realizó diversas acciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)".
El procedimiento, orientado a establecer las responsabilidades políticas del fiscal general en un clima cada vez más tenso en el hemiciclo, ha desembocado en su relevo, de modo que el puesto será asumido ahora por el abogado Pablo Emilio Reyes. Zelaya, que ha denunciado que el trámite se ha llevado a cabo "de forma acelerada", sostiene que el proceso carece de garantías y presenta "irregularidades", según informaciones del diario 'La Prensa'.
Este episodio supone un hito en un contexto en el que se recurre con mayor frecuencia a los juicios políticos en Honduras, en medio de un escenario de confrontación entre fuerzas partidarias que se acusan mutuamente de opacidad y prácticas irregulares.
Dimisión de la presidenta de la Corte Suprema
De forma paralela, en la misma sesión plenaria, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, ha presentado su "renuncia irrevocable" al cargo con el objetivo de esquivar un eventual juicio político en su contra, justo cuando se daban los primeros pasos para activar dicho procedimiento.
Aunque ha formalizado su salida de la Presidencia del máximo tribunal mediante una carta de dimisión, ha aclarado que continuará en el pleno: "Esta renuncia se presenta de manera exclusiva al cargo de presidenta, por lo que continuaré ejerciendo mis funciones como magistrada propietaria de la Corte Suprema de Justicia".
Asimismo, ha señalado que su decisión está vinculada a la aprobación de un decreto legislativo que reconfigura la distribución de funciones dentro del poder judicial, por lo que ha afirmado que su dimisión pretende "fortalecer la institucionalidad y permitir que el pleno ejerza plenamente sus nuevas atribuciones, mientras continúa desempeñándose como magistrada".
En ese contexto, el diputado Jorge Cálix ha propuesto a Wagner Vallecillo como candidato para relevarla al frente del Supremo, una vez aceptada su renuncia. La salida de Obando se produce en un momento de fuertes tensiones institucionales derivadas del debate sobre el funcionamiento y la independencia del sistema judicial hondureño.
Obando asumió la Presidencia en 2023 y se convirtió en una figura central dentro del aparato estatal, con amplias competencias. Durante su etapa, ha intervenido en decisiones de calado en un periodo marcado por continuas acusaciones cruzadas y conflictos internos en el poder judicial.