El Congreso de Perú ha desestimado la solicitud de la expresidenta Dina Boluarte para acceder a la pensión vitalicia asociada al ejercicio de la Jefatura del Estado, argumentando que en su caso llegó al cargo por “sucesión” tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo y no mediante un proceso electoral.
“No cumple con las condiciones establecidas (...) en tanto asumió la Presidencia de la República por sucesión”, ha señalado el Congreso peruano, que añade que “necesariamente tendría que otorgársele a un expresidente constitucional elegido por mandato popular que haya ejercido el cargo durante un periodo íntegro”.
Según detalla el diario ‘La República’, la propia Boluarte presentó esta petición y otras ventajas institucionales apenas diez días antes de abandonar la Presidencia. Entre ellas figuraban la asignación de un trabajador pagado con fondos públicos y hasta 150 galones de gasolina mensuales.
Boluarte fue apartada del cargo en octubre de este 2025, después de haber asumido la Presidencia en diciembre de 2022 a raíz del intento de autogolpe de Pedro Castillo. Durante su mandato, la primera mujer en encabezar el Ejecutivo peruano fue objeto de fuertes críticas y llegó a registrar uno de los peores niveles de aprobación ciudadana de la región.
El poderoso Parlamento peruano puso fin de forma inesperada a su agitada gestión, marcada por acusaciones de corrupción, omisión de funciones y enriquecimiento ilícito, pero sobre todo por la muerte de decenas de personas durante las primeras manifestaciones convocadas en su contra.
Sin el amparo de la inmunidad presidencial, Boluarte deberá afrontar ahora hasta siete procesos judiciales. Los expedientes más avanzados están relacionados con la muerte de casi medio centenar de personas en las protestas de finales de 2022 y comienzos de 2023, así como con los presuntos sobornos que habría recibido en forma de joyas y relojes de alta gama.
Tras su salida, el presidente del Congreso, José Jerí, asumió la jefatura del Estado, convirtiéndose en el octavo mandatario peruano en menos de diez años. Su llegada al poder también ha generado controversia, ya que acumula tres investigaciones fiscales abiertas en lo que va de año y arrastra comentarios sexistas publicados en el pasado en redes sociales.
Jerí ejercerá la Presidencia de manera interina hasta julio de 2026, fecha en la que está previsto que se celebren las próximas elecciones generales. Mientras persiste la desconfianza hacia la clase política, el país se enfrenta a una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente.