La Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes de Filipinas ha decidido este miércoles archivar las dos iniciativas impulsadas recientemente por varios legisladores para apartar del cargo al presidente Ferdinand Marcos Jr., a quien acusaban de vulnerar el orden constitucional al permitir la detención del expresidente Rodrigo Duterte y desviar de forma irregular fondos destinados a proyectos de infraestructuras.
La mayoría de los integrantes de la comisión se ha pronunciado en contra de ambas propuestas, cerrando así la vía a un posible proceso de 'impeachment' contra el jefe del Estado filipino. Aunque han admitido que las mociones eran "suficientes" desde el punto de vista formal, han concluido que no cumplían los requisitos en cuanto al fondo de las acusaciones.
"Está claro que, según estas mociones, el presidente no realizó ningún acto manifiesto que demuestre que dirigió tramas de corrupción supuestamente destinadas a estafar a los contribuyentes", ha aseverado Ysabel Zamora, vicepresidenta de la comisión.
En la misma línea, la diputada Alyssa Gonzales ha subrayado que el texto no demuestra que Marcos participara en "un esquema sistemático de corrupción".
Desde el Palacio de la Presidencia han celebrado la decisión y han reiterado que las iniciativas "carecían de viabilidad alguna" desde el principio. La portavoz del presidente, Claire Castro, ha llamado a "seguir adelante" y ha recalcado: "El presidente tenía confianza en que no había indicios que pudieran llevar a la apertura de un proceso de destitución".
La entrega de Duterte al Tribunal Penal Internacional (TPI) ha generado una fuerte polémica en Filipinas, donde el exmandatario conserva una amplia base de apoyo. Pese a la retirada del país del Estatuto de Roma, Marcos Jr. ha defendido que Manila sigue obligada a colaborar con la Organización Internacional de Policía --Interpol-- una vez el TPI emite órdenes de arresto.
No obstante, un sector significativo de la ciudadanía sostiene que su arresto equivalió a un secuestro, postura que comparte la propia vicepresidenta, Sara Duterte, hija del expresidente.
La detención de Duterte ha evidenciado la creciente pugna política entre los clanes Marcos y Duterte, antiguos aliados, cuyas tensiones se han intensificado desde 2022 por motivos electorales.